Colombia tiene un problema que se repite cada cierto número de años y que casi nunca se resuelve, el de un país que se gobierna desde un solo punto del mapa mientras el resto de sus regiones espera turno para que Bogotá decida qué hacer con lo que ellas mismas producen. Es un centralismo que no siempre se nota en la Constitución, que habla de autonomía territorial, sino en la vida diaria de un gobernador que debe viajar a la capital a pedir permiso para ejecutar lo que su propio departamento ya pagó en impuestos.
Ese es el telón de fondo sobre el que el presidente Abelardo De La Espriella habló durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, donde planteó que la relación entre la Nación y los departamentos debe dejar de ser una relación de dependencia para convertirse en una relación de cooperación. Dijo que quienes gobiernan un territorio conocen mejor sus problemas que un funcionario sentado en un ministerio y que, por lo tanto, deben tener mayor capacidad para diseñar y ejecutar soluciones. Planteó también que los recursos y el acceso al crédito para grandes proyectos lleguen de manera más directa a las regiones, sin que todo tenga que hacer escala obligatoria en el Gobierno Nacional antes de llegar al territorio donde finalmente se ejecuta, y anunció que esa transferencia de competencias se hará de forma gradual, reconociendo que no todos los departamentos tienen la misma capacidad institucional para asumir nuevas funciones de un día para otro.
Pero este no es un tema nuevo para Colombia, ni mucho menos para quienes llevamos años insistiendo en que la autonomía territorial no puede quedarse escrita únicamente en la Constitución. Esta discusión ya la dimos, la llevamos hasta el Congreso, y ahí tuvo un desenlace que vale la pena recordar.
En 2024 y 2025 decidimos dejar de hablar de descentralización como una aspiración de foro académico y convertirla en una causa ciudadana. La iniciativa fue presentada por quien fue su principal promotor, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y sumó a un grupo de actores políticos de distintas regiones del país. Entre ellos estuvieron el concejal de Bogotá y exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, la excongresista Vanessa Mendoza, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el exministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, y el excandidato a la Gobernación de Antioquia, Eugenio Prieto, entre otros, y quien escribe esta columna, que asumió la coordinación del proyecto. Entre todos recorrimos el país, departamento por departamento, y logramos reunir 3.331.500 firmas que radicamos ante la Registraduría el 27 de diciembre de 2024, para impulsar un referendo que buscaba modificar el artículo 298 de la Constitución y permitir que los departamentos administraran directamente una parte sustancial de los tributos de renta y patrimonio generados en sus propios territorios.
Lo que buscábamos con este referendo era corregir un desequilibrio que las cifras muestran con claridad. Durante décadas el centralismo fiscal ha repartido los impuestos de manera injusta, sin tener en cuenta que cada región es distinta y enfrenta retos diferentes. Con el modelo actual, el Gobierno Nacional se queda con cerca del 85 % de lo que se recauda por renta y patrimonio, mientras a los municipios les llega apenas el 10 % y a los departamentos un mínimo 5 %. Esa diferencia se nota todavía más en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, que generan mucha más riqueza de la que finalmente reciben de vuelta desde Bogotá.
El 9 de septiembre de 2025 la Comisión Primera del Senado hundió el referendo con ocho votos en contra y seis a favor. La paradoja fue evidente, en Colombia resultó más fácil recoger millones de firmas en las calles que conseguir los votos necesarios en una comisión del Congreso. Ese día quedó claro que el centralismo no se rinde con argumentos, se rinde, cuando se rinde, con votos, y esa vez no los tuvimos.
El diagnóstico, además, no ha cambiado. Las cifras más recientes muestran que en 2024 los ingresos de departamentos y municipios sumaron 197,5 billones de pesos, de los cuales 146,5 billones correspondieron a los municipios y apenas 51 billones a los departamentos, y que cerca de la mitad de esos ingresos municipales, unos 73 billones de pesos, dependió de transferencias de la Nación y no de recursos propios. Es decir, la mitad de los municipios colombianos sigue funcionando gracias a lo que Bogotá decide girarles, no a lo que sus propios territorios producen.
Sin embargo, las buenas ideas no mueren porque pierdan una votación, cuando responden a una necesidad real, permanecen y regresan, aunque sea por otra puerta. Hoy esa discusión vuelve a la agenda nacional desde el propio Gobierno, y aquí encuentro una coincidencia fundamental con la causa que defendimos con el referendo. Nuestra propuesta puso sobre la mesa una pregunta esencial, ¿por qué los recursos generados en las regiones deben ser administrados principalmente desde Bogotá? La propuesta que hoy impulsa el presidente agrega una segunda pregunta igualmente importante, ¿por qué las decisiones sobre las regiones deben tomarse necesariamente desde la capital? Las dos preguntas conducen al mismo destino, devolver capacidad de decisión a los territorios.
La diferencia es que la discusión actual puede ser todavía más ambiciosa. La autonomía fiscal es indispensable, pero por sí sola no basta, una verdadera descentralización debe comprender recursos, competencias, capacidad administrativa y responsabilidad por los resultados. Bogotá no puede seguir siendo al mismo tiempo recaudador, planificador, financiador, ejecutor y evaluador de casi todo, la Nación debe conservar aquello que exige coordinación nacional, pero debe dejar de intervenir en lo que los territorios pueden hacer mejor por sí mismos. Y esa mayor libertad exige, al mismo tiempo, mayor responsabilidad, no se puede pedir más recursos para los departamentos y aceptar menos controles, ni reclamar libertad para gastar y rechazar la obligación de rendir cuentas.
Esta idea debe convertirse en ley, aprobada por el Congreso y no solo anunciada en una cumbre. Lo que importa no es quién habló primero de autonomía fiscal, sino que finalmente tenga una oportunidad real de salir adelante. Que hoy sea el propio Gobierno Nacional el que ponga el tema sobre la mesa, y que además lo amplíe hacia las competencias, los recursos y la eficiencia del Estado, es una buena noticia para las regiones. Las reformas que necesita Colombia no pueden depender del ego de quienes las impulsan, si una propuesta es buena para los territorios, hay que respaldarla venga de donde venga.
Las regiones están reclamando el derecho a decidir sobre una parte justa de lo que producen y sobre el futuro que quieren construir. El referendo que impulsamos demostró que millones de colombianos querían ese cambio, hoy que el propio Gobierno reconoce la necesidad de pasar de la dependencia a la cooperación, tenemos una oportunidad que no se puede desperdiciar por las mismas razones de siempre. Descentralizar no es quitarle poder a Colombia, es devolverle poder a Colombia entera, y esa deuda con las regiones ya no puede seguir esperando.