“En lugar de discutir un razonamiento, se reduce a un juicio de pertenencia: el otro es, en este sistema, sinónimo de enemigo, o se procede a un juicio de intenciones. Este sistema se desarrolla hasta el punto en que ya no solo se rechaza toda oposición, sino toda diferencia: ‘el que no está conmigo, está contra mí’. La exigencia es una entrega total a la causa absoluta, que concibe toda duda y toda crítica como traición.” (Estanislao Zuleta, Elogio de la dificultad).
Hay momentos en que una sociedad debe preguntarse quién defiende a quienes están llamados a defenderla. Colombia atraviesa uno de ellos. La Rama Judicial no enfrenta solo la presión de ver disminuido su presupuesto, sino una creciente ola de descalificaciones, provenientes de un sector del periodismo y de una opinión pública polarizada y llena de odios.
La Rama Judicial solicitó $17,5 billones para 2027, y el Gobierno contempla apenas $11,4 billones: una diferencia de $6,1 billones. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, le advirtió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que este exabrupto, compromete el bienestar laboral de más de 37.000 servidores judiciales, además de la necesidad de los colombianos de tener una pronta y cumplida justicia. No sobra agregar que el Gobierno infringe, con su insólita posición, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia —Ley 270 de 1996, reformada por la Ley 2430 de 2024—, que ordena que el presupuesto de la Rama, no puede ser inferior al 3% del presupuesto nacional. La norma es clara; el proyecto de presupuesto, no.
Mientras se recortan sus recursos, también se desacreditan, en forma infame, las decisiones de sus funcionarios. Cuatro fallos recientes han encendido la discusión: el amparo, por la falta de neutralidad religiosa en la posesión presidencial; la tutela que ordenó retirar de redes los videos del mandatario, caminando entre bultos con cadáveres, para proteger a los menores, de ese contenido violento; el amparo sobre el uso del glufosinato en el Putumayo, mientras se comprueba si afecta la salud de los ciudadanos; y el que ordenó a De la Espriella, como comandante de las Fuerzas Militares, abstenerse de bombardear zonas, hasta que se demuestre objetivamente la no presencia de menores reclutados.
Sobre esta última decisión, algunos comunicadores sostienen que estimularía el reclutamiento, y un representante a la Cámara, llegó a señalar que algunos de estos jueces tendrían relación con el narcotráfico. Son afirmaciones que requieren pruebas: la crítica es legítima, pero no autoriza a presentar como sospechosos estos fallos, ni a atribuir delitos, sin evidencia. Colombia, se recuerda, es un Estado de derecho, el artículo 44 de la Constitución, establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. Los jueces solo deciden conforme a la Constitución, la ley y las pruebas del proceso. No pueden extralimitarse en sus funciones, hasta ahora, en las cuatro decisiones vistas, no se avizoran irregularidades, todavía tienen una segunda instancia y además, posible revisión por la Corte Constitucional.
En los años ochenta, muchos jueces y magistrados fueron asesinados por el narcotráfico, entre ellos: Gustavo Zuluaga Serna, Miriam Rocio Vélez, Álvaro Medina Ochoa, Tulio Manuel Castro Gil, Héctor Jiménez Rodríguez y Mariela Espinosa de Arango, últimos dos, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y María Elena Díaz Pérez, jueza tercera de orden público. No podemos dejar solos a nuestros jueces. Hacemos un llamado a Asonal Judicial, a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y al Consejo Superior de la Judicatura, para que defiendan la seguridad y dignidad de los funcionarios judiciales, empleados y su independencia.
Como escribió Zuleta: “ El atractivo terrible de las formaciones colectivas, que se embriagan con la promesa de una comunidad no problemática, es que suprimen la duda y la necesidad de pensar por sí mismo”.
Ese es el peligro que hoy atravesamos: confundir la discrepancia, plasmada en sentencias judiciales, con traición al gobernante. En lugar de vejámenes,amenazas e improperios, lo que corresponde al gobierno y ciudadanos, que no estén de acuerdo con los fallos judiciales, es controvertir los argumentos, por las vías institucionales.