El gobierno de Dumek Turbay ya comprometió con la banca nacional casi todo el cupo de $1,5 billones que el Concejo le autorizó en 2024. Ahora tramita otro crédito por $120.000 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El 28 de agosto, la Alcaldía anunció que había logrado un acuerdo con el BID para obtener esa financiación. El comunicado presentó la operación como un paso clave para llevar agua potable a Barú, rehabilitar las compuertas de La Bocana y ejecutar otras obras de saneamiento.
Para firmar ese crédito, la Alcaldía debe obtener el aval del Concejo y culminar el trámite de autorización ante el Ministerio de Hacienda, que está revisando las minutas contractuales y ha solicitado unos ajustes.
Las condiciones definitivas continúan en negociación. El BID le ha ofrecido a Cartagena plazos de entre 10 y 14 años y periodos de gracia de dos a cuatro años; es decir, por ahora, sin esos detalles definidos, no es posible calcular cuánto terminará pagando la ciudad por los $120.000 millones.
Como los recursos del cupo de $1,5 billones serán desembolsados a medida que avancen las obras, mientras Cartagena continúa pagando obligaciones anteriores, la Alcaldía proyecta que el saldo de la deuda pública alcanzará un máximo de $1,65 billones durante el Gobierno de Turbay.
El Distrito dice que Cartagena tiene capacidad de pago. Sus estimaciones indican que la sostenibilidad de la deuda -el indicador que compara su saldo con los ingresos corrientes- llegará al 55,71%, frente al límite legal del 100%. La solvencia -el peso de los intereses sobre el ahorro operacional- se ubicaría en 12,45%, frente al límite del 60%.
Endeudarse no es, por sí mismo, problemático para una ciudad como Cartagena, con rezagos históricos en infraestructura pública. El crédito puede ser una herramienta útil para financiar inversiones de largo plazo que la ciudad no puede pagar con los ingresos de una sola vigencia. Sin embargo, por la magnitud del endeudamiento asumido durante los últimos dos años, las condiciones de los préstamos deben ser objeto de debate público continuo. Ese debate exige información clara y una administración dispuesta a responder preguntas y tolerar la crítica.
Y ahí aparece una alerta de fondo. En lugar de asumir la veeduría como parte del sistema de contrapesos propio de una democracia, el alcalde Turbay ha optado por descalificar a quienes la ejercen llamándolos ‘boca de Fab’ o ‘boca de champú’. Toda una paradoja para quien hizo de la crítica implacable a su predecesor -muchas veces con razón- su bandera de campaña entre 2022 y 2023.
Entonces, no da risa que ahora, como máxima autoridad distrital, sea quien promueva la degradación del debate público, aunque su séquito -periodistas incluidos- le celebre todas sus ocurrencias como si gobernar fuera un espectáculo. La deuda y las consecuencias del resto de decisiones de su administración terminarán pagándolas los cartageneros.