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Columna

La justicia que necesitamos

Fortalecer la justicia no significa debilitar a sus instituciones. Por el contrario: señalar sus problemas, exigir resultados y recuperar la confianza ciudadana es una manera de defenderlas.

Simón Herrera Macía

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El periodismo, como mecanismo de control social, puede contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, especialmente cuando se trata de un servicio público tan sensible como la administración de justicia. Después de más de tres lustros al servicio de la Rama Judicial en Cartagena, desempeñándome como juez y posteriormente como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior, considero un deber llamar la atención sobre algunas circunstancias que afectan seriamente su eficacia y la confianza de los ciudadanos.

Más allá de las reformas procesales y de la discusión sobre los distintos sistemas jurídicos, existe un factor esencial que ninguna modificación normativa puede sustituir: la calidad humana, profesional y ética de quienes administran justicia. La lentitud de determinadas actuaciones, la falta de sentido de pertenencia y la incidencia de factores externos terminan frustrando los propósitos de cualquier reforma.

Por ello también debemos revisar los mecanismos de selección de los funcionarios judiciales. Los concursos de mérito son indispensables, pero un examen no siempre permite identificar al mejor juez o fiscal. La experiencia, la vocación de servicio, la independencia, la capacidad de tomar decisiones y, particularmente, la integridad ética deberían ocupar un lugar determinante en los procesos de selección. Una decisión judicial puede afectar la libertad, el patrimonio, la familia y hasta el proyecto de vida de una persona; ejercer esa responsabilidad exige conocimiento, pero también carácter y profundo sentido de justicia.

A lo anterior se suma una preocupación todavía mayor: las denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades dentro de la propia administración de justicia y la percepción de que los mecanismos internos de control no siempre responden con la eficacia y oportunidad necesarias. Cuando las quejas contra funcionarios son investigadas tardíamente o no producen respuestas claras, no solamente se afecta a quienes intervienen en un proceso: se erosiona la credibilidad de todo el sistema.

Un caso que ilustra esta preocupación es la investigación originada en 2020 por denuncia de Eduardo Román Martínez, relacionada con controversias alrededor del conglomerado empresarial El Constructor. Según lo denunciado por la representación de las víctimas, después de varios años de actuaciones ante distintas fiscalías, solicitudes de restablecimiento de derechos, audiencias aplazadas y recursos, todavía existen asuntos pendientes de una definición judicial efectiva. Incluso una audiencia solicitada para obtener el restablecimiento de derechos debió programarse en numerosas oportunidades y el señor Román Martínez falleció antes de obtener una decisión definitiva.

No corresponde a estas líneas determinar quién tiene razón en ese proceso. Esa es precisamente tarea de las autoridades competentes. Lo preocupante, desde la perspectiva ciudadana, es que una controversia de semejante importancia pueda permanecer durante años sin respuestas oportunas y concluyentes. Una justicia tardía termina comprometiendo la confianza pública, independientemente del resultado final del proceso.

Por ello resulta necesario fortalecer no solamente los mecanismos de selección, sino también los controles sobre quienes ejercen funciones judiciales y fiscales. Las denuncias contra funcionarios deben investigarse con independencia, rigor y celeridad, y las actuaciones que presenten demoras injustificadas deben recibir atención institucional.

Cartagena merece una administración de justicia que inspire confianza. Sería conveniente que la Dirección Seccional de Fiscalías promoviera un espacio institucional con representantes de la Procuraduría, el Tribunal Superior, la Administración Judicial, la Defensoría, la Personería, los jueces y los organismos de control, para examinar estas dificultades y adoptar correctivos.

Fortalecer la justicia no significa debilitar a sus instituciones. Por el contrario: señalar sus problemas, exigir resultados y recuperar la confianza ciudadana es una manera de defenderlas.

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