La reciente reflexión que ofreció Cecilia López Montaño en entrevista concedida a esta casa editorial, a propósito de la iniciativa ‘De cara al 2050’, un esfuerzo analítico que reúne a 24 expertos de diversas vertientes ideológicas recopiladas en el libro bajo ese mismo título, expone una falencia grave de la arquitectura institucional colombiana, que es la incapacidad histórica para diseñar y sostener políticas públicas de Estado.
El país ha caído consistentemente en la trampa de refundar la nación cada cuatro años, subordinando las transformaciones estructurales a los afanes coyunturales, ideológicos y electorales del gobierno de turno.
El mensaje de fondo que se desprende de este ejercicio es contundente: ¡los desafíos de Colombia no admiten más improvisación! Afrontar un envejecimiento poblacional acelerado que amenaza con dejar la fuerza laboral sin reemplazo, salir del estancamiento del crecimiento económico, mitigar los efectos del cambio climático sobre el sector rural y cerrar las brechas de desigualdad no son metas ejecutables en un único periodo presidencial. Exigen una hoja de ruta con visión de largo plazo que permanezca, por lo menos, durante los próximos seis gobiernos, superando la peligrosa costumbre de desmantelar los equipos técnicos y descartar la experiencia acumulada en la administración pública.
El hallazgo más valioso de este diagnóstico colectivo radica en la posibilidad real de construir consensos. Que economistas con posturas tan distantes como Alberto Carrasquilla, Marc Hofstetter y Diego Guevara hayan logrado acordar un capítulo conjunto sobre la sostenibilidad fiscal demuestra que, cuando el debate se despoja de la polarización política y se fundamenta en la evidencia, la concertación es técnica y políticamente viable. Asimismo, la propuesta de articular las ‘dos ruralidades’, esto es, la tradicional campesina que garantiza la seguridad alimentaria y la empresarial capaz de exportar e innovar, demuestra que la equidad y el crecimiento económico no son objetivos excluyentes, sino dimensiones que deben retroalimentarse mediante la inversión en infraestructura, educación y tecnología.
El país se encuentra en un punto de inflexión. Si las élites políticas y empresariales persisten en la indiferencia ante la desigualdad o insisten en imponer metas irrealizables basadas en dogmas e impresiones personales, en lugar de diagnósticos rigurosos, el costo lo pagará la estabilidad social y productiva de toda la nación.
Construir un proyecto de país viable requiere el compromiso de rodearse del mejor talento técnico, respetar los marcos constitucionales y asumir que el verdadero desarrollo no se improvisa en cien días. Se edifica con políticas de Estado perdurables, institucionalidad sólida y una visión estratégica de cara a los próximos decenios.