Pocas cosas revelan tanto de una ciudad como la manera en que resuelve lo básico. En Cartagena, lo básico (el agua que llega, la luz que se mantiene, la basura que se recoge, la factura que se puede pagar) sigue siendo una conversación abierta. Desde el Concejo, donde a diario escuchamos a los ciudadanos, creemos que la ciudad merece un debate honesto sobre sus servicios públicos domiciliarios.
Los datos lo confirman. Según Cartagena Cómo Vamos, apenas el 35% de los ciudadanos cree que la ciudad va por buen camino, 14 puntos menos que en 2024. La Personería reportó aumento del 59,7% en las atenciones por servicios públicos, con 4.707 casos concentrados en Afinia, Aguas de Cartagena y Surtigas. Cada cifra es una familia esperando.
El agua condensa el asunto. Entre 2024 y 2026, roturas, paradas técnicas y racionamientos han afectado a entre el 15% y 100% de la población. El 1 de junio de 2026, el alcalde Dumek Turbay anunció ante el Concejo la ruptura con Veolia, socio operador de Acuacar, y la creación de una empresa distrital de servicios públicos. Sea cual sea la salida jurídica, nos corresponde acompañar el proceso con rigor técnico y sin cálculos, porque lo que está en juego no es un contrato: es un derecho.
En energía, Afinia anunció en 2025 los ‘Períodos de Continuidad Concertada’ en zonas con altas pérdidas, que en la práctica son racionamientos, mientras las tarifas del Caribe siguen siendo difíciles de sostener. En aseo, el Concejo ha debatido una ecuación incómoda: tarifas al alza, más de 50 puntos críticos y una recolección que sigue reprobando en barrios como Nelson Mandela o Cerros de Albornoz.
Hay avances que merecen reconocimiento, como el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela, esperado durante 48 años e iniciado en octubre de 2025 con inversión de más de $120 mil millones, y las obras proyectadas para Tierrabomba, Barú y la Zona Suroriental; pero cada avance recuerda la magnitud de la deuda histórica con la periferia.
El problema no es coyuntural, es estructural: infraestructura envejecida, regulación distante, entes de control que reaccionan tarde y una ciudadanía que paga cada vez más por un servicio que no siempre llega. En una ciudad donde el 61% de las familias apenas cubre sus gastos básicos, cada recibo es una decisión difícil.
Cartagena no necesita más comunicados ni audiencias sin desenlace. Necesita acuerdos que se cumplan, inversiones que se ejecuten y una vigilancia que se sienta. Desde el Concejo seguiremos ejerciendo control político y tendiendo puentes, porque garantizar lo esencial es la condición mínima para que la ciudad que soñamos deje de ser promesa.
*Concejal de Cartagena.