Colombia no alcanzará la meta de crecer al 6 % anual si insiste en avanzar a media marcha, dándole la espalda a su potencial marítimo más estratégico.
La visión de la “Patria Milagro” del Gobierno nacional no nace del reclamo ni de la complacencia, sino de una realidad económica insoslayable: el desarrollo del país depende directamente de la capacidad productiva de sus regiones.
Lo he sostenido siempre con convicción: invertir en el Caribe colombiano no es una nueva visión centralista ni una transferencia asistencialista, sino la decisión macroeconómica más rentable para la nación entera.
Nuestro planteamiento es claro: proponemos una hoja de ruta con cinco prioridades que van más allá del ámbito local para convertirse en una verdadera agenda de Estado dentro del Plan de Desarrollo 2026-2030.
El primer pilar, y el más urgente, es garantizar una energía confiable, disponible y a precios competitivos. La energía es el insumo transversal de toda la estructura productiva.
Cuando nuestra región sufre tarifas desproporcionadas y fallas continuas en el suministro, se destruye la competitividad industrial local y se frena de golpe la inversión nacional y extranjera en todo el país.
Resolver el esquema energético en la costa norte es la única vía real para abaratar costos de producción, fomentar la reindustrialización y generar el empleo formal que la economía nacional requiere para avanzar.
El segundo pilar es la consolidación de la conectividad física y logística. Poseemos una posición geográfica privilegiada frente a los principales mercados del comercio global.
Sin embargo, esa ventaja comparativa se diluye cuando corredores estratégicos como Barranquilla-Cartagena y Barranquilla-Santa Marta permanecen inconclusos.
Finalizar estas arterias viales es activar la gran autopista logística que Colombia necesita para competir de tú a tú en el mundo.
En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo de desastres constituyen un factor directo de estabilidad económica.
El cambio climático, la erosión costera y el deterioro de nuestros ecosistemas no solo destruyen la biodiversidad, sino que paralizan la actividad turística, pesquera y agrícola, lo que afecta la seguridad alimentaria de la nación.
Una política decidida de recuperación costera y reforestación no es un gasto decorativo: es una inversión defensiva que protege activos productivos.
En cuarto término, el capital humano representa el verdadero motor del desarrollo duradero. La inversión en infraestructura social, educación y salud no solo eleva la calidad de vida de nuestras comunidades, también prepara a nuestra fuerza laboral para absorber los empleos de alto valor agregado que demandan las nuevas industrias.
Finalmente, nuestra apuesta por la conectividad digital, la ciencia y la inteligencia artificial busca posicionar al Caribe como un nodo tecnológico hacia el futuro.
Establecer centros de datos y redes de alta capacidad en la región aprovecha nuestra cercanía a los cables submarinos de telecomunicaciones. Esto atraerá inversiones en servicios del conocimiento que beneficiarán a todo el ecosistema productivo colombiano.
El Plan de Desarrollo 2026-2030 representa la oportunidad histórica para pasar de la retórica a la acción. No venimos a señalar rezagos del pasado; venimos a construir consensos económicos sólidos entre el Gobierno nacional, las regiones y el sector privado.