En agosto de 2010, la Corte Constitucional ordenó ampliar el margen de participación de los recicladores en el proceso licitatorio del relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá, y dispuso que el pliego de condiciones fuera modificado, para incluir dos criterios de calificación: la participación accionaria de la organización de recicladores dentro del proponente y el cálculo de la magnitud de residuos a aprovechar, especificando la mano de obra que se emplearía en el proceso.
Un mes después, y en medio de un tropel en el que hubo hasta trompadas, el manejo del relleno le fue adjudicado a un consorcio brasileño-canadiense, con participación de una cooperativa de recicladores y una asociación de usuarios, teniendo en cuenta sus propuestas para el aprovechamiento integral de los residuos sólidos que incluían un intenso proceso de reciclaje.
El año pasado, en diciembre, la misma Corte Constitucional tumbo el proceso licitatorio para la recolección, barrido y limpieza de basuras en Bogotá, según el magistrado Juan Carlos Henao, porque las condiciones de la licitación no respetaban el principio de igualdad y las asociaciones de recicladores no iban a tener utilidades "ciertas y periódicas".
La Corte ordenó al Distrito que entregara antes del 31 de marzo del 2012 una estrategia para cambiar la forma de realizar la licitación e hizo énfasis en la “separación en la fuente".
Tras diseñar varias alternativas que garantizaran la inclusión de los recicladores como lo ordenaba la Corte, el alcalde Gustavo Petro decidió entregar la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), lo que motivó una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, para comprobar si se estaba configurando un monopolio.
Independientemente de la legitimidad del procedimiento de la Superintendencia, es obvio que existan dudas sobre la capacidad de la EAAB para asumir la prestación de un servicio en el que no tiene experiencia, y el alcalde tampoco ha explicado cómo hará la empresa para recoger las 7 toneladas diarias de basura que produce Bogotá.
Lo preocupante es que el debate sobre libre competencia, emergencia sanitaria y derechos de los recicladores tiene ahora más componentes políticos que técnicos, y no se ve otro camino que el conflicto.
Valdría la pena que la Administración distrital de Cartagena tome como experiencia la crítica situación de Bogotá en torno al servicio de aseo, porque a raíz del escándalo desatado por la firma de los otrosíes a los contratos en esta ciudad, quedan en el aire elementos relativos a las modificaciones obligatorias que deberán hacerse a los nuevos contratos que se suscriban una vez termine la vigencia de los actuales.
Entre esas modificaciones, considerando que los fallos de la Corte Constitucional crean jurisprudencia, debe tenerse en cuenta la participación de las organizaciones de recicladores y la puesta en marcha de los sistemas de reciclaje en la fuente, algo que tradicionalmente ha sido ignorado porque al reducir el volumen real de basuras producidas, baja la facturación de las empresas de aseo.
Es ineludible el nuevo esquema del servicio de aseo y de lo que pase en Bogotá dependerá lo que pueda ocurrir en Cartagena, por lo que es mejor estar preparados.