El nuevo modelo de servicio de aseo y recolección de basuras impuesto por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que empezará a funcionar a partir de mañana, deja fuera a los grandes empresarios privados para incluir asociaciones de recicladores, y hace descansar la parte más difícil y costosa del proceso en la Empresa de Acueducto de Bogotá, en el mayor experimento reciente sobre la vigencia de esa escuela política que considera necesario que el Estado preste los servicios básicos.
En Colombia hay ejemplos igualmente válidos sobre el éxito y el fracaso de la gestión pública de los servicios básicos. En el primer caso están las Empresas Públicas de Medellín, y en el segundo las extintas Empresas Públicas Municipales de Cartagena, de manera que decir tajantemente que el Estado es ineficiente y las empresas privadas eficientes no es un argumento aceptable.
Tampoco lo es la creencia generalizada de que el sector público es corrupto y el privado no lo es, entre otras cosas porque la mayoría de los actos de corrupción en contratos los involucran a ambos.
El propósito de Petro –que no es original suyo ni mucho menos, pues ya se había planteado como una política de Estado– es implantar sistemas de reciclaje con dos objetivos: reducir el volumen de residuos que van al relleno sanitario y ofrecer una alternativa a los recicladores de generar ingresos dignos y sostenibles.
La lógica indica que la solución para garantizar el cumplimiento de ambos objetivos es una licitación en la que participen las empresas privadas, donde se les exija a los proponentes incluir a los recicladores, incluso imponiendo a los ciudadanos la obligación del reciclaje en la fuente, y fijar un porcentaje mínimo de desperdicios recuperados, para reducir la cantidad que se lleva al relleno.
Es posible que el esquema que propone Petro funcione a la perfección en Medellín, pero hay que comprobar si lo hará en Bogotá, una ciudad muy distinta, donde se mezclan idiosincrasias y costumbres diversas.
Lo cierto en que en Colombia se hace ineludible una nueva dinámica de trabajo entre el sector público y el privado, incluyendo a la gente de los estratos pobres que tienen para ofrecer su fuerza de trabajo. Es hora de construir espacios de colaboración que sean benéficos para todos.
Valdría la pena preguntarse si no es razonable estudiar la posibilidad de que en Cartagena se ponga en marcha un modelo similar al de Bogotá, pero mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno distrital, los consorcios de aseo con los que se contrate la recolección de basuras y el aseo de las calles, y las cooperativas y asociaciones de recicladores, de manera que se creen nuevas fuentes de ingresos para los sectores más pobres de la ciudad, al tiempo que se reduce el volumen de residuos que se lleva al relleno.
La gran ventaja de este modelo es que si los ciudadanos se comprometen seriamente con el reciclaje en la fuente, pagarán menos tarifa por el servicio.