Aun cuando supone un traumatismo, en la medida que estamos cerca de iniciar el segundo semestre de clases, es de buen recibo la declaratoria de desierto del proceso licitatorio por el cual el Distrito adjudicaría el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El alcalde Pedrito Pereira informó que las propuestas presentadas no cumplieron con todos los criterios exigidos en el pliego de condiciones definitivo, lo que llevó al Comité Evaluador a recomendar el rechazo de dos de las propuestas y la no habilitación de las otras tres por no cumplir evaluaciones jurídicas y técnicas.
La decisión inicialmente causó desconcierto porque el Distrito había estructurado unos pliegos abiertos que garantizaban la participación de diversos oferentes. Sin embargo, una vez conocidas las razones que llevaron a la radical decisión quedó claro que no solo parecen justificadas, sino que además darían pie para que se dé traslado a las autoridades pertinentes con el fin de que se investigue la conducta de alguno de los participantes.
Aun cuando contra la decisión procede el recurso de reposición, y nada está decidido aún, las anotaciones hechas por el Comité Evaluador son dicientes, así como la determinación del alcalde en cuanto a que se habrían presuntamente cometido delitos, prácticas desleales y faltas a la ética profesional de entre los participantes. En todo caso, y partiendo de la inocencia de los oferentes, en abstracto la ciudad tiene derecho a exigir el mayor compromiso y la total transparencia de quienes pretendan operar un programa tan importante para nuestros niños escolarizados.
Si en todo proceso licitatorio se depreca la mayor pulcritud y el acatamiento a los principios de la contratación pública, en especial el de buena fe, esto es más sensible si se refiere a la administración de recursos destinados a los menores de edad, singularmente de escasos recursos económicos. Obviamente, quien además resulte adjudicatario de una licitación con esos nobles objetivos, debe ofrecer garantía de que administrará como cosa sagrada los recursos que el Estado destina a los más débiles de la sociedad.
Aun cuando en el caso concreto hay frustración porque pudiera no contarse con el operador para las próximas semanas, si tras las reposiciones que se interpongan se mantienen las decisiones adoptadas por la administración distrital, queda la tranquilidad de que los recursos por el orden de $17 mil millones están asegurados.
Como una de las posibilidades es que no se presenten recursos contra la decisión de declaratoria de desierta de la liquidación, o que, de presentarse, la administración los desate con confirmación de la mencionada determinación, es prudente que desde ya el alcalde y su equipo de gobierno preparen una alternativa de solución extraordinaria que legítimamente permita que el servicio continúe para que los niños no se queden sin el suministro de la alimentación escolar. Para tal fin, la administración puede hacerse acompañar de las entidades de control para que el mecanismo que se escoja esté legitimado con la debida celeridad, objetividad y transparencia.