Aunque puede considerarse apenas como una percepción, en el ambiente médico y entre los usuarios del Sistema de Salud Pública (Sistema), había un sentimiento aspiracional consistente en pertenecer al listado de profesionales de EPS Sura, o en ser contado como afiliado a sus servicios.
Por esto se entiende por qué, y no solo por la impresionante cifra de más de 5 millones de afiliados, ha impactado tanto el anunció de la radicación ante la SuperSalud, de la solicitud de autorización para realizar la salida ordenada del Sistema, de esa EPS, a través de un Programa de Desmonte Progresivo.
Sus voceros han afirmado que nuestro Sistema enfrenta grandes retos que no surgieron bajo el actual Gobierno, pero que se han agravado por la insuficiencia presupuestal de los últimos años, lo que hace insostenible la continuidad de la existencia de esa EPS, que sólo con esta decisión puede evitar un mayor deterioro que le impida cumplir con sus obligaciones. En verdad que nadie está obligado a lo imposible.
Es de esperar que, como lo han prometido en sus comunicados, y como lo ha afirmado el Gobierno, los trámites, autorizaciones, citas, tratamientos, procedimientos, exámenes, ayudas diagnósticas, medicamentos y atenciones se sigan prestando de forma habitual mientras el Ministerio de Salud y la SuperSalud deciden hacia dónde trasladar a sus afiliados.
Pero nada de lo que puedan decir Sura o el Gobierno puede disipar la molestia que causa ver el inatajable derrumbe del Sistema. Todavía son muchos los colombianos, con conocimiento o no de ese complejo sector, que perciben una dejadez del alto gabinete presidencial en auscultar, mientras se tramitaba la reforma, posibles planes y acciones que mantuvieran a flote el mayor número de EPS en tanto se lograba su transformación en lo que quiera que fuese el destino que la reforma al Sistema finalmente adoptara.
Es posible imaginar que una inyección mayor y frecuente de recursos retenidos a las EPS y otras entidades del Sistema, así como haber aprobado los incrementos que la evidencia aconsejaba en varios de sus rubros, habría garantizado que los colombianos no vieran o, al menos, sintieran que el Sistema se cae como un castillo de naipes, con la cruel percepción de que, en poco tiempo, retornaremos a las épocas del nefasto ISS, con lo que será, a todas luces, la estatización del Sistema, con su consecuente cadena de ineficiencias, parsimonia, corrupción y tráfico de influencias.
Los colombianos, o al menos la mayoría de estos, con razón temen que lo poco que el Estado estaba ofreciendo medianamente, a pesar del alto costo que representa a los contribuyentes, y justo en tiempos en donde ni siquiera la seguridad garantiza -que es su principal obligación-, como es una salud para la familia relativamente económica para buena parte de la población, se está desmoronando estrepitosamente.