Con El Heraldo, hemos decidido unirnos para pronunciarnos sobre la profunda crisis de suficiencia financiera de Air-e intervenida y de Afinia, que dejó de ser un problema territorial para convertirse en el mayor riesgo sistémico del mercado eléctrico colombiano. No entenderlo de esa forma complica aún más la titánica búsqueda de soluciones. En nuestro caso, dividiremos en dos partes este pronunciamiento, que iniciamos hoy.
El nivel de descalce operativo y la incapacidad creciente de estas comercializadoras para recuperar costos eficientes comprometen, por un lado, la continuidad del servicio en la región Caribe y tensionan, por el otro, la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). La evidencia ha mostrado que el actual modelo no está en capacidad de responder a nuestras condiciones socioeconómicas.
Los indicadores de las empresas son incontrovertibles. Afinia, respaldada por el Grupo EPM, prevé un déficit de $1,5 billones en 2026, con brechas mensuales que superan los $100.000 millones. Air-e intervenida, con pérdidas cercanas al 30 %, recauda el 74 % de lo que factura y más del 50 % de sus usuarios está en mora. En ambas áreas de operación, más de 365.000 hogares se encuentran en subnormalidad eléctrica —el 92 % del total nacional— lo que revela un mercado altamente vulnerable, disperso y costoso de atender.
Pese a avances en calidad del servicio, asociados a disminución en la frecuencia y duración de interrupciones, inversiones por $3,2 billones en el caso de Afinia y reducciones tarifarias entre 22% y 27% de ambos operadores, la relación ingreso-costo continúa deteriorándose. En consecuencia, el problema ya no es operativo, sino estructural; o, dicho en otros términos, de un modelo que es incapaz de garantizar servicio digno para millones de usuarios.
La fórmula tarifaria, diseñada para contextos nacionales promedio, no internaliza las particularidades socioeconómicas del Caribe. Esta región enfrenta una alta informalidad económica, pobreza monetaria, multidimensional y energética, una expansión urbana sin planificación y patrones históricos de no pago, derivados de todo lo anterior, lo cual origina un entorno de elevadas pérdidas que excede lo previsto por el actual marco regulatorio. Ningún operador, por más eficiente que sea, podrá absorber indefinidamente semejantes externalidades sin un esquema compensatorio. Y la respuesta del Estado no puede limitarse a medidas coyunturales ni a ajustes parciales en la regulación, como hasta ahora. La región Caribe requiere, con sentido de urgencia, una política pública diferencial que reconozca explícitamente el mayor costo de servir a una población con vulnerabilidad socioeconómica y la más elevada subnormalidad del país. Son condicionantes primarios de esta crisis sin fin.
Mañana continuaremos sobre este importante tema.