Hay consenso en cuanto a que la crisis de suficiencia financiera de Air-e y la deuda acumulada del Estado y de los usuarios con Afinia constituyen un problema estructural que afecta a todo el país en la medida que comprometen la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Aunque los departamentos del Caribe cubiertos por Afinia gozan de la fortuna del respaldo del Grupo EPM, el déficit acumulado para 2026 pasará de $1,5 billones, lo que hace que la continuidad de la empresa esté comprometida. Y Air-e, ya intervenida, apenas recauda algo más del 74% de lo que factura, y sin el respaldo de un grupo económico similar, pues quedó en manos del ineficiente Estado.
También hay consenso en que la región necesita una política pública que reconozca las diferencias esenciales que hay entre el Caribe y el resto del territorio nacional, habida cuenta de la vulnerabilidad socioeconómica de la población costeña y la alta subnormalidad.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno -que no causó la crisis, pero que la ha profundizado- no parece ser la adecuada, en tanto se centra en trasladar a los consumidores, esto es, a los hogares de mayores ingresos y a las empresas, el costo de los actos y omisiones imputables a las decisiones y dilaciones del Estado.
Tal como lo comentó nuestro columnista Javier Lastra Fuscaldo en su artículo de esta semana, el incremento cercano a ocho pesos por kilovatio hora en el componente de restricciones de la tarifa a nivel nacional para pagar las deudas de AIR-e, según el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía, implicará que millones de usuarios en todo el país asumirán el costo de errores regulatorios, operativos e institucionales concentrados en una región específica.
Se valora el esfuerzo que en el último año el Gobierno ha hecho desde la Creg, institución que infortunadamente duró semiparalizada por las dificultades para integrar su quórum decisorio los dos primeros años del actual cuatrienio. Desde allí se han dictado normas para integrar las energías renovables, el almacenamiento y la generación distribuida en el sistema energético para facilitar la entrada efectiva de energías renovables al Sistema Interconectado Nacional, fortaleciendo sus políticas públicas y los incentivos para la inversión en tecnologías limpias, incorporando temas emergentes como el hidrógeno verde, el almacenamiento avanzado y la flexibilidad del sistema eléctrico.
Pero proyectos como la prometida transición domiciliaria de paneles solares en las comunidades energéticas, que no llega ni al 1%, o la dilación en pagar los subsidios a tiempo, entre otros aspectos, no han hecho sino profundizar el problema, ya estructural.
En suma, si la solución ahora es socializar las pérdidas por las malas decisiones tomadas por los Gobiernos centrales, el castigo al ciudadano será doble.