El Gobierno está obligado a analizar y explicar por qué, desde que se tiene registro (1993), Colombia ha caído a un nivel tan bajo en calificación crediticia, incluso peor que la pandemia o la crisis petrolera de 2015.
S&P Global Ratings acaba de situar al país en BB-, nivel de “alta especulación”, conocido coloquialmente como bonos basura, lo cual no es, como un lego podría pensar desprevenidamente, una cuestión de banqueros; por el contrario, semejante degradación en la percepción de los fundamentales económicos del país es asunto que nos afecta a todos.
En efecto, tal como lo explican los analistas, consecuencias directas de esta baja de calificación suelen ser que se encarezca el costo de vida debido a la percepción de más riesgoso, en tanto que Colombia tendrá que pagar intereses más altos para financiarse, lo que, indefectiblemente, se traslada a los ciudadanos vía mayores tasas de interés en créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos de consumo, etc.
Se esperaría que los técnicos de Hacienda expliquen cómo la política fiscal de este periodo presidencial ha generado -o no- un aumento en las expectativas de inflación; o por qué la empresa más importante del país, Ecopetrol, consumió cerca de 8.85 billones de pesos más de lo esperado.
Tendría que referirse, en consecuencia, a la advertencia que S&P le ha hecho al Gobierno sobre la inconveniencia de procurar a toda costa cubrir el déficit fiscal maximizando el cobro de dividendos, pagando incluso más de lo que la empresa genera en utilidades netas, lo que deviene de la crisis de gobernanza que dicha calificadora percibe en la petrolera debido a la falta de independencia de su Junta Directiva frente a la Casa de Nariño.
Hacienda también podría informar a los gobernados si el panorama fiscal es o no de extrema fragilidad como para haber bajado a semejante nivel, lo cual supondría especificar si hay o no un desequilibrio estructural en tanto que el país gasta sistemáticamente más de lo que recibe, y si fue o no oportuna la suspensión de la Regla Fiscal y si esto impactó o no negativamente la previsibilidad económica.
En las próximas semanas seguro sabremos cuánto nos costará en más intereses la deuda externa y cuánto le quitará esta nueva realidad en recursos a la inversión pública y programas sociales.
En todo caso, ya los expertos le están haciendo recomendaciones al Gobierno, que tendría que escucharlas con humildad, como la de una mayor disciplina fiscal retomando la Regla Fiscal para enviar un mensaje de seriedad a los mercados internacionales, o priorizar la inversión productiva sobre el gasto corriente y evitar el uso de la caja de las entidades estatales para tapar baches presupuestales.
Ahora, más que nunca, es imperativo respetar la autonomía del Banco de la República y asegurar que entidades como Ecopetrol se manejen con criterios técnicos y no políticos.