A pesar de que el Gobierno nacional intenta proyectar una imagen de solvencia y éxito en sus operaciones de manejo de deuda, el país atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia económica reciente.
Organismos técnicos y analistas coinciden en señalar que experimentamos el deterioro fiscal más severo de América Latina, impulsado por un gasto público desbordado y una rigidez presupuestal que amenaza la sostenibilidad de las finanzas estatales.
La Anif ha comparado la situación actual con la crisis de finales del siglo XIX, advirtiendo que la deuda neta podría superar el 71% del PIB en solo tres años, un umbral incompatible con la Regla Fiscal. Según los analistas, el núcleo del problema es el gasto de funcionamiento, que ha crecido por encima del gasto de los hogares.
A pesar de que el ministro de Hacienda asegura que la deuda neta se reducirá al 56% del PIB mediante maniobras financieras legítimas, las cifras brutas cuentan otra historia.
En efecto, en febrero de este año el saldo tocó un máximo histórico de $1.238 billones, ante lo cual expertos de la CAF y otros sectores critican que el Gobierno intenta maquillar la situación destacando la reducción de la deuda externa, mientras la deuda interna se dispara, representando ya el 71,2% del pasivo total.
Por su parte, el reciente informe de la Cepal sitúa a Colombia como el país con mayor deterioro fiscal de la región, registrando un déficit primario del 3,6%, el peor dato de entre sus pares latinoamericanos. Esta vulnerabilidad se agrava por la rigidez del gasto en pensiones y transferencias, que han neutralizado los ahorros obtenidos por la eliminación de subsidios a los combustibles. Mientras otros países de la región han estabilizado sus cuentas, Colombia se aleja del equilibrio, enfrentando tasas de interés para sus bonos de deuda del 11,25%.
En el ámbito de la OCDE, Colombia ocupa un alarmante segundo lugar en inflación con un 5,6%, superando ampliamente el promedio del grupo. Es evidente el choque directo entre el Ejecutivo y el Banco de la República, emisor al que el Gobierno acusa de actuar de mala fe para favorecer a inversionistas con tasas altas, mientras que el gerente del Banco, Leonardo Villar, advierte que los intereses de la deuda pública han subido del 9% al 13,5% debido, precisamente, a la pérdida de confianza en la gestión fiscal del país.
La estrategia gubernamental de priorizar el gasto para favorecer la retención del poder ha llevado el endeudamiento a niveles angustiantes.
Es adecuado que el Gobierno opine sobre si procederá o no con recortes del gasto de forma permanente, asunto sobre el cual el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el país entrará en una senda insostenible, dejando un margen de maniobra casi nulo para las próximas administraciones y comprometiendo la estabilidad económica a largo plazo.