La historia de nuestro país se sigue escribiendo con el dolor y la intolerancia. Los violentos persisten en su vano propósito de silenciar con balas las ideas o las denuncias, sin percatarse que sus atentados no solo golpean a las víctimas individuales y a sus familias, pues también asestan sus golpes a las bases mismas de nuestra democracia.
También se hacen daño ellos mismos, pues Colombia siempre sabe levantarse contra ellos, quienes le propina también daño a los intereses que creen proteger, pues no hacen sino ponerlos en evidencia.
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay hace un año, y el del periodista Cristian Herrera en Cúcuta en día reciente, reflejan la persistencia de una violencia demencial que se ensaña contra la libertad de opinión, el debate democrático y la fiscalización del poder. Son crímenes que buscan infundir miedo, paralizar a las instituciones y recordarnos, de la manera más cruel, los riesgos de ejercer el liderazgo y el pensamiento crítico en el país.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un líder joven y promisorio de 39 años que encarnaba una política de principios y argumentos, cuyos homicidas sabían que era el colombiano con las mayores posibilidades de arrebatarle el poder al actual Gobierno, mantiene al país no violento en ascuas en tanto la Fiscalía, después de judicializar a los autores materiales ligados a disidencias de las Farc, no logra despejar las graves y justificadas hipótesis sobre presuntas omisiones o complicidades institucionales.
Por otra parte, el asesinato en Cúcuta de Cristian Herrera, corresponsal e integrante de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), confirma que las regiones siguen siendo escenarios de altísimo riesgo para quienes denuncian la corrupción y el deterioro del orden público. Organismos internacionales como la ONU y gremios como la Asociación de Medios de Información (AMI) y la propia FLIP han alzado su voz de rechazo ante este golpe devastador para el periodismo independiente. A estas entidades nos unimos en ese rechazo, y a su familia, en su dolor. Su muerte deja un vacío insondable y ratifica que silenciar al periodista es, en última instancia, cegar los ojos de la sociedad civil.
Frente a la barbarie de quienes odian la libertad de pensamiento, la respuesta del país no puede ser la resignación ni el silencio. Los gremios del periodismo, los líderes políticos y la ciudadanía deben unirse en un reclamo unánime de justicia pronta y garantías reales para el ejercicio de las ideas.
Recordar el legado de Miguel Uribe y de Cristian Herrera nos obliga a defender con coraje nuestras instituciones, a rechazar la polarización violenta y a exigir que los criminales no impongan su agenda de censura y terror. La decencia política y la verdad informativa no pueden seguir pagando un precio más alto.