El cierre inminente del Ministerio de la Igualdad pondrá término a uno de los experimentos burocráticos más costosos, polémicos e ineficientes en la historia reciente del país.
Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la ley de su creación por fallas de trámite, el Gobierno central fracasó en su intento de resucitar esa cartera en el Congreso de la República al no alcanzar las mayorías necesarias, desenlace que deja en evidencia el patrón de improvisación y despilfarro de recursos públicos en una entidad que, en la práctica, se caracterizó por su exigua capacidad de ejecución y constantes escándalos.
Concebido originalmente como la gran bandera social de la administración saliente, el Ministerio de la Igualdad nació con el propósito marcadamente político de servir de plataforma institucional para la vicepresidenta de la República. Sin embargo, más allá de la narrativa oficial, la realidad demostró que la entidad operó como un costoso aparato burocrático que el propio Gobierno terminó opacando deliberadamente con el paso del tiempo, despojándole de protagonismo real en la agenda nacional.
Los tres años de existencia de esta cartera dejaron un balance desolador que justificó la negativa del Legislativo para mantenerla con vida. A pesar de los millonarios recursos asignados, el Ministerio fue incapaz de transformar el presupuesto en soluciones reales para las brechas de desigualdad del país. El desfile constante de viceministros y funcionarios claves impidió la consolidación de metas técnicas, primando el desorden administrativo.
Con razón, la oposición señala que la entidad representó la priorización del empleo público innecesario y el clientelismo por encima de las verdaderas necesidades fiscales del país.
El desplome de la iniciativa legislativa tomó por sorpresa al Ejecutivo, que asumía con un optimismo ciego que lograría salvar el Ministerio. Al no contemplar una alternativa jurídica, la desaparición oficial de la cartera sume a sus trabajadores en el limbo administrativo.
Ahora, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se apresura a redactar los decretos de liquidación para redistribuir a contrarreloj las funciones de la moribunda entidad. En esencia, los programas serán devueltos a los ministerios y departamentos que originalmente ejecutaban estas tareas antes de la costosa fragmentación.
El desmantelamiento de este Ministerio ratifica que la creación de carteras artificiales y con fines meramente de representación política, sin estudios técnicos ni viabilidad presupuestal, solo genera enorme costo para las arcas del Estado, terminando sepultado por su propio peso e inoperancia.
¡Qué mal recuerdo de la improvisación, la falta de capacidad profesional, la ausencia de sindéresis, y la incomprensión del significado del servicio público!