Pretender que el Estado, mediante sus distintos entes nacionales, regionales o locales, implemente todos los requerimientos de evidentes necesidades ciudadanas, se vuelve utópico cuando se le endosa la promoción, y primordialmente la gestación y correcta ejecución de los servicios públicos.
En el último cuatrienio se volvió viral satanizar esta figura, tan exitosamente probada en muchos campos, sin que las alternativas que se propusieron para reemplazarla hayan cuajado o rendido frutos provechosos.
Es de esperar que los nuevos aires que se respiran permitan planear y concretar obras de palmaria importancia, mediante el concurso de inversiones y ejecutores privados, de tal manera que el Estado no tenga que distraer recursos cuantiosos en renglones como salud y educación, y más bien destinar sus energías a gestiones de auditor y árbitro de las diferentes iniciativas.
El tiempo ha demostrado que, salvo cuando se arman con corrupción, estas alianzas garantizan que los proyectos pueden planearse y pensarse a largo plazo, y no con paños de agua tibia, que es la que frecuentemente resulta de la sola intervención estatal.
Y esas alianzas público - privadas también deben funcionar cuando se manejan con prudencia y transparencia a los niveles municipales. Pongamos, por vía de ejemplo, un caso en el que es evidente la urgencia del concurso privado en Cartagena para quitar las talanqueras que hoy existen en el desarrollo de zonas como el Norte, Barú y Tierrabomba, donde, en pleno siglo XXI, el agua y su disposición siguen siendo obstáculos en la gestación de los innumerables proyectos que actualmente se evalúan.
Antes del 2050, de contarse con servicios, en esas zonas podrían construirse decenalmente más de un millón de metros cuadrados. Es conocido que los valores promedio de esos proyectos son del orden de $10 millones de pesos el metro cuadrado, aproximadamente. ¿Por qué no pensar en un sistema de acueducto y alcantarillado independiente para cada zona, que se conciba sobre la base de que cada unidad inmobiliaria licenciada, a partir de ahora, cancele al momento de conectarse una cuota de 50 mil pesos el metro cuadrado?; así, un apartamento nuevo de 60 M2 cancelaría 3 millones de pesos, o sea, el 0,05% de su valor total.
Bajo una fórmula como esta, en cada decenio se recolectarían más de $500 mil millones, cifra que permite planear a largo plazo. Claro que deben hacerse los estudios específicos para cada zona y decidir si las soluciones se aplican en forma general o particular; pero una fórmula ajustada con presupuestos garantizaría los recursos necesarios para anticiparse a las soluciones definitivas ante las actuales limitaciones.
Inferimos que promotores e inversionistas preferirían incluir estas contribuciones en sus precios, que no contar con los servicios.
¡Ponerle pragmatismo a las soluciones!