El ejercicio de la función pública exige la adhesión irrestricta a principios de transparencia, idoneidad y respeto por las instituciones en la medida en que la conducta de los servidores estatales está restringida por la Constitución y la ley.
La forma en que los gobernantes ejercen el poder y conforman sus equipos de trabajo no solo determina la eficacia de la gestión gubernamental, sino que envía un mensaje axiológico definitivo a la sociedad. Cuando el favoritismo, la discrecionalidad o la injerencia de intereses ajenos al mérito sustituyen las capacidades técnicas e idóneas en la asignación de cargos de alta responsabilidad, el principio de transparencia se debilita y la confianza ciudadana en el Estado sufre franco deterioro.
El verdadero compromiso con la equidad de género y la inclusión de las mujeres en las esferas de decisión exige que su participación se dé sobre bases firmes de mérito, preparación y respeto a su autonomía. Instrumentar la representación femenina o permitir que surjan suspicacias sobre los criterios de vinculación laboral vulnera el espíritu de las luchas por la igualdad de oportunidades.
Las mujeres que acceden al servicio público deben ser valoradas por su capacidad profesional, su trayectoria y su ética, libres de señalamientos que deslegitimen su rol o que reduzcan su presencia en las instituciones a dinámicas de influencia informal o inconfesables.
La protección de la dignidad de la mujer en la política, el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción y la restauración del prestigio de la función pública son imperativos categóricos para el futuro de la nación.
La proliferación de nombramientos cuestionados por falta de requisitos o por la existencia de presuntas redes de influencia afecta gravemente la moralidad administrativa y compromete la ejecución de las políticas públicas destinadas a resolver las necesidades de las comunidades más vulnerables.
Los hombres en el mando superior que las vinculan sin considerar el crudo ambiente de la política y el poder, sin la suficiente preparación, también son corresponsables del daño que la inexperiencia acarrea cuando ellas son elevadas a rangos para los cuales falta preparación, como ocurre también a los hombres sin recorrido académico y laboral. Sería triste que sólo a ellas lleguen las sanciones por sus actos. Lo aleccionador es que ellos también paguen el daño propinado a quien, sin la mínima instrucción, es llevada(o) a rangos de responsabilidad sin mayores merecimientos.
El Gobierno saliente se distinguió por designar a personas sin las debidas competencias y preparación para distintos cargos bajo la capa del derecho del pueblo craso a ostentar cargos de poder. Ya vamos viendo las consecuencias tan dañosas de desafiar el sentido común por razones ideológicas o de mero populismo, para no mencionar otras debilidades humanas.