El reciente informe del Atlantic Council sobre el conflicto armado en Colombia plantea un diagnóstico ineludible para el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en cuanto a que el uso de la fuerza pública es condición necesaria, pero rotundamente insuficiente. Enfrentar la dispersión criminal, considerando que el número de integrantes de grupos armados casi se duplicó entre 2022 y 2026, pasando de 15.000 a cerca de 28.800 combatiendo en 14 zonas en disputa, exige trascender la lógica de la victoria militar temporal para consolidar un control estatal permanente y efectivo.
La propuesta de cooperación bilateral por US$1.000 millones ofrecida por Washington debe convertirse en la palanca de una estrategia integral. No basta con desplegar unidades policiales o militares para desbloquear territorios si tras el repliegue de las tropas las comunidades vuelven a quedar a merced de la extorsión, los confinamientos o el reclutamiento de menores, delito atroz que golpea a un niño cada 20 horas. La presencia estatal solo será real cuando el uniforme venga acompañado de la oferta institucional civil.
Las cuatro recomendaciones de la coalición señalan una hoja de ruta sensata, comenzando por la protección comunitaria y alertas tempranas, recomendando fortalecer la movilidad aérea y fluvial para romper bloqueos en las zonas con mayor impacto humanitario, y responder con celeridad a las advertencias de la Defensoría del Pueblo.
También, la inversión social prioritaria para apuntalar la infraestructura rural financiada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y destinar recursos a proyectos viables de los PDET, como vías secundarias, agua potable, educación y conectividad.
Igualmente, usar de inmediato los recursos ya asignados por el Congreso estadounidense para la atención de comunidades vulnerables y la reconstrucción en regiones golpeadas por desastres o la violencia.
Y la prevención del reclutamiento infantil, mediante la aplicación de la Ley 2590 con asistencia técnica e inteligencia digital, que neutralice la captación de jóvenes por redes sociales y falsas ofertas laborales.
El fenómeno de las organizaciones armadas fragmentadas, dedicadas al microtráfico, la minería ilegal y la extorsión, se nutre de la ausencia prolongada del Estado. Pretender resolver este desafío únicamente mediante operativos de choque reactiva un ciclo estéril de violencia y abandono.
Si Colombia y su aliado estratégico en Washington logran articular los avances en seguridad con el desarrollo económico local, el fortalecimiento de la justicia y la protección de los derechos humanos, el país podrá dar un salto relevante.
Recuperar el territorio es el primer paso; permanecer en él con instituciones transparentes y oportunidades reales para la ciudadanía es la única garantía de una paz duradera.