La educación superior atraviesa un momento crítico en el que se cruzan la ilusión de la cobertura y la dura realidad de la desfinanciación. Mientras el discurso público celebra los avances en gratuidad y acceso, los pasillos universitarios y los hogares de clase media y vulnerable enfrentan una constante incertidumbre, pues casi la mitad de los jóvenes que entran a las aulas no logran graduarse, y la estructura económica que debería sostener sus sueños amenaza con colapsar.
El diagnóstico planteado por diversos expertos del sector en el Congreso de la Andi es claro y preocupante. Sufrimos de un sistema fragmentado donde las fuentes de financiamiento, desde el Icetex y las universidades públicas hasta los fondos territoriales y el Sena, operan como islas. A este aislamiento se suma un déficit estructural millonario, agudizado por la insuficiencia de recursos para cubrir subsidios de tasa y gratuidad, y por una inequidad histórica en la asignación del gasto público que, paradójicamente, no siempre impacta a la población de menores ingresos.
A este panorama se suma el imperdonable debilitamiento del Icetex, entidad que ha sufrido una alarmante pérdida de continuidad técnica y la drástica caída en la colocación de nuevos créditos. En respuesta a este vacío, las universidades se han visto forzadas a actuar como prestamistas de última instancia, asumiendo riesgos financieros para los que no están diseñadas y alejando a un sector bancario tradicional, que sigue percibiendo la educación como una inversión de alto riesgo.
Resolver esta encrucijada exige romper paradigmas. No podemos seguir esperando que el Estado asuma en soledad una factura fiscal impagable, ni que las familias sacrifiquen su flujo de caja mensual ante cobros matriculares inflexibles. La solución requiere un ecosistema colaborativo que involucre, de forma decidida, al sector privado y al sistema financiero.
Es indispensable modernizar el gobierno corporativo del Icetex para convertirlo en una banca de segundo piso eficiente y ágil; estructurar fondos de garantías donde las universidades y el Estado compartan el riesgo con la banca privada; e implementar mecanismos innovadores.
Asimismo, el sector empresarial puede asumir un rol protagónico a través de herramientas flexibles, como esquemas de ‘becas por impuestos’, pago por resultados y la financiación de microcredenciales alineadas con la demanda laboral.
La educación postmedia no es solo un derecho social o un ideal abstracto; es la variable económica más potente para garantizar la productividad y la paz social del país. Reducir la deserción escolar, conectar el aula con el empleo formal y garantizar un financiamiento justo no son tareas aplazables. Es hora de construir un pacto nacional donde el talento de nuestros jóvenes sea, finalmente, reconocido como el activo más valioso del país.