Cartagena está cansada de la poca inteligencia vial con la que muchos motociclistas, zapaticos y otros conductores manejan a diario por nuestras calles. Lo está la ciudadanía, que todos los días sale a trabajar, estudia, lleva a sus hijos al colegio, cumple con sus obligaciones y espera algo tan elemental como poder movilizarse por la ciudad sin encontrarse con vías bloqueadas, maniobras peligrosas, motocicletas circulando por donde no deben o conductores que convierten las calles en territorio sin ley.
Por eso, los operativos de control vial que adelanta el Distrito, particularmente frente a las infracciones cometidas por motociclistas, no pueden ser presentados como una persecución contra un sector de la población. Son, ante todo, una obligación de la autoridad y una respuesta a una realidad que las cifras no permiten desconocer: la motocicleta está involucrada en la inmensa mayoría de los siniestros viales y de las muertes que se registran en Cartagena.
La ciudad necesita controles. Y necesita que estos sean permanentes, técnicos, transparentes y aplicados sin excepciones. Quien cumple las normas no debería tener nada que temer frente a un operativo de tránsito; por el contrario, debería ser el primero en respaldarlo, porque cada infracción que se previene puede significar una vida que se salva.
También es necesario reconocer que el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica debe ser respetado; pero ese derecho no puede convertirse en patente de corso para bloquear vías, paralizar el transporte, afectar a miles de ciudadanos o provocar confrontaciones. Una cosa es reclamar y otra muy distinta utilizar la inconformidad como instrumento de presión mediante el caos.
Cartagena no puede acostumbrarse a que cada decisión de una autoridad que incomode a determinados sectores termine acompañada de amenazas de bloqueos, citados a paralizar la ciudad o convocatorias que puedan derivar en desmanes. La protesta pacífica tiene legitimidad; el bloqueo arbitrario y la alteración del orden público, no.
Por eso resulta necesario que la ciudadanía se una alrededor de un principio básico: Cartagena aplaude el orden, no el caos.
En ese propósito debe existir respaldo a las acciones institucionales que busquen identificar a quienes, desde redes sociales, portales o cualquier otro escenario, promuevan hechos que puedan desembocar en bloqueos o alteraciones del orden público. Si existen elementos que permitan presumir la comisión de delitos, corresponde a las autoridades competentes investigarlos. Y si el alcalde o sus funcionarios consideran que determinadas publicaciones o actuaciones constituyen conductas denunciables, están en todo su derecho y en el deber de acudir ante la Fiscalía, y dejar que la justicia determine las responsabilidades que correspondan.
Cartagena quiere orden. Y tiene derecho a exigirlo.