Ante la amenaza del retorno del indeseado apagón por la conjunción del fenómeno de El Niño y la fragilidad financiera que asfixia a los operadores, singularmente del Caribe, el debate público suele quedar atrapado en el diagnóstico calamitoso y la acritud política. Sin embargo, la crisis no se resuelve con lamentaciones. Como lo vienen proponiendo los expertos que inspiran este editorial, hay que transformar las alertas en una hoja de ruta estructural.
En lo inmediato, el asunto más apremiante es la liquidez. La abrumadora deuda que el Estado sostiene con las comercializadoras exige soluciones financieras pragmáticas, como la emisión de títulos valor que restablezcan el flujo de crédito, o la ejecución decidida del plan ‘Energía Ya’, cuyos $1,5 billones deben irrigar con equidad a todos los actores de la cadena.
Pero pretender apagar el incendio únicamente con recursos fiscales o sobretasas parciales a la tarifa, que terminan castigando al usuario, es paño de agua tibia. La modernización de las redes de transmisión y distribución puede apalancarse mediante el redireccionamiento de las regalías o con mecanismos extraordinarios para el sector eléctrico, como obras por impuestos.
Para que el país avance de forma sostenible, la transición energética no puede depender del voluntarismo. La Costa Caribe, bendecida con el mayor potencial solar y eólico del territorio, sigue desaprovechando sus recursos por la histórica falta de infraestructura de transporte eléctrico.
La planeación nacional debe ser proactiva: el Estado debe caracterizar de antemano los corredores de bajo impacto ambiental y garantizar la estabilidad jurídica y tributaria de los proyectos a 20 o 30 años. Asimismo, resulta imperativo agilizar los trámites mediante la digitalización e interoperabilidad de la UPME y los Operadores de Red, eliminando la burocracia que frena la inversión privada.
El componente social requiere igual valentía. Es urgente erradicar la perversa práctica de pagar por el levantamiento de bloqueos comunitarios, sustituyéndola por verdaderos programas de Responsabilidad Social Empresarial que aporten desarrollo real. En el frente del consumo, herramientas como la energía prepagada y la eficiencia en la demanda deben consolidarse como pilares de equidad en las regiones con altas temperaturas, como la nuestra.
Colombia no necesita más profecías apocalípticas sobre la debacle energética ni soluciones coyunturales. La matriz debe respaldarse con todas las fuentes disponibles para garantizar confiabilidad mientras se consolida la transformación limpia, que va a demorar. La crisis actual es, más bien, oportunidad para edificar un sector eléctrico despolitizado, técnicamente riguroso y financieramente sostenible. Si las soluciones están sobre la mesa, solo falta la decisión política de ejecutarlas.