De conformidad con las advertencias formuladas por la calificadora Fitch Ratings y varios analistas, la solvencia fiscal del país se halla seriamente asfixiada por una ‘tormenta perfecta’ ante la suma de un déficit proyectado que alcanza el 7% del PIB para este 2026, una deuda pública desbordada al 65% del PIB y la urgencia ineludible de atender la reconstrucción nacional tras el terremoto del 10 de agosto.
La combinación de un fenómeno natural imprevisto, la pesada carga de intereses que absorbe el 4% del PIB y la rigidez estructural del gasto tienen al Estado en una posición de extrema vulnerabilidad, ubicándolo en el grupo de los balances más deteriorados de toda América Latina, junto a países como Brasil y Bolivia. El diagnóstico es angustioso, pero la mayor amenaza actual no proviene únicamente de la alarmante magnitud de las cifras, sino de un grado de incertidumbre política. Las bolsas internacionales y los mercados financieros aún perciben un ‘silencio administrativo’ de alto riesgo por parte del nuevo gobierno, ante la ausencia de un plan fiscal explícito sobre cómo se financiará el nuevo piso de gasto impuesto por la emergencia social, lo que incrementa de la prima de riesgo país y mantiene ansiosos a los decisores de inversión más estratégicos a nivel externo.
Para estabilizar las finanzas y aspirar a recuperar el perdido grado de inversión, según los referidos analistas, no bastará con discursos, buenas intenciones o recortes de gasto cosméticos de un solo año; las agencias son claras al exigir un ajuste fiscal de fondo de entre el 3% y 4% del PIB, que ponga la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente.
La cruda realidad aritmética obliga a superar el reduccionismo ideológico, pues la sola tijera del recorte de gasto no alcanzará para cerrar semejante brecha. Como lo señala Fitch, la nueva administración debe actuar con audacia y aprovechar el capital político de la natural luna de miel durante su primer año de gestión, para presentar una reforma tributaria estructural que facilite el pago de los ingresos permanentes.
Paralelamente, el país debe acudir al financiamiento de menor costo que ofrecen los organismos multilaterales y ejecutar un redireccionamiento inteligente de las partidas presupuestales ineficientes.
Recuperar la credibilidad internacional es más que un trámite diplomático para complacer a las agencias de riesgo; es, como lo demuestra la práctica, una garantía real para evitar que el pago de la deuda devore los recursos del bienestar social y termine estrangulando el desarrollo del próximo decenio. Mientras vecinos regionales capitalizan los vientos de cola del mercado global, Colombia no puede quedarse rezagada por indecisiones internas.
Ante la debacle económica que heredó, al nuevo Gobierno le corresponde presentar, pronto, un plan de consolidación fiscal riguroso, transparente y sostenible.