La orden del presidente Abelardo De La Espriella de activar operativos para deportar migrantes irregulares marca un giro inquietante. Bajo la consigna de ‘Primero los colombianos’ se corre el riesgo de que sus ejecutores gestionen la migración desde una óptica puramente policial. Perseguir el crimen es obligación del Estado, pero equiparar la falta de documentos con la delincuencia podría dañar años de integración con nuestros pares.
La irregularidad es una falta administrativa, no penal. Debe tenerse cuidado de ejecutar medidas masivas sin debido proceso, y delicadez con más de 800 mil venezolanos en vulnerabilidad.
También cabe hacer memoria de los millones de colombianos que por decenios han migrado huyendo de la violencia o buscando oportunidades, sufriendo discriminación en el exterior. Adoptar discursos xenófobos desmantela un modelo de acogida ejemplar y expone la empatía que Colombia exigió al mundo cuando sus propios ciudadanos fueron los expulsados.
Utilizar las palabras “ilegal” o “ilegales” para calificar a las personas migrantes refuerza su criminalización, discriminación y deshumanización, sin importar cuál sea su situación migratoria. Así lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su lugar, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recomienda utilizar el término “migrante en situación irregular” cuando una persona haya cometido una infracción administrativa relacionada con su ingreso, salida o permanencia en un país.
Y es precisamente en medio de este debate que la reciente orden del presidente Abelardo De La Espriella, de realizar operativos contra migrantes que no tengan regularizada su situación migratoria y deportar a los extranjeros que cometan delitos requiere de mayor delicadeza.
El anuncio del mandatario es válido en la medida en que el Estado tiene el deber de hacer cumplir sus leyes y velar por la seguridad de todos sus ciudadanos; sin embargo, estar en situación migratoria irregular no es sinónimo de ser un delincuente, como también lo ha expuesto la organización ‘Venezolanos en Barranquilla’.
Por eso, conviene revisar y corregir términos y expresiones. No significa dejar de promover la regularización, sino hacerlo sin alimentar los prejuicios que ya existen contra una población especialmente vulnerable. La gran mayoría de las personas que decide migrar lo hace huyendo del hambre, la persecución política, la inseguridad o las guerras, entre otras situaciones. Por eso, es importante que el Estado, llamado también a proteger los derechos de los migrantes, no termine reproduciendo una narrativa que contribuya a vulnerarlos.
El reto pendiente es abordar la migración desde una perspectiva más humana y no únicamente desde lo legal. ¡Utilizar una comunicación que no señale, que esté basada en datos y que no generalice puede marcar una gran diferencia!