El Caribe colombiano ha sido, históricamente, una región de paradojas fascinantes y fracturas profundas. Posee la franja costera más codiciada del país, activos estratégicos de valor incalculable, un patrimonio insustituible y una potencia portuaria e industrial que impulsa el comercio nacional. Sin embargo, detrás de ese potencial inagotable, la realidad de sus habitantes transita entre el agobio por los servicios públicos, la inequidad estructural y una histórica marginación en la toma de decisiones desde el centro del país.
Durante decenios, la narrativa regional ha estado dominada por el reclamo legítimo, pero fragmentado. Se ha diagnosticado hasta el cansancio qué le duele a esta esquina de Colombia, pero ha faltado el músculo político para cohesionar las exigencias en una sola voz incuestionable. Hoy, el panorama plantea un punto de inflexión decisivo: la urgencia de dejar atrás la retórica del agravio y articular una agenda común regional que obligue al Gobierno central a actuar como un interlocutor par y no como un mero distribuidor de recursos.
Es imperativo entender que la competitividad del Caribe no se resolverá mientras asuntos críticos como la crisis energética sigan administrándose a cuentagotas. Es insostenible que la ciudadanía y las empresas continúen asumiendo costos desproporcionados que asfixian el desarrollo. La transición energética, la conectividad intermodal y la superación de la pobreza no son temas aislados ni exclusivos de una metrópoli; son batallas transversales que exigen superar las rivalidades entre ciudades, para competir con éxito en el escenario internacional.
En este contexto de renovación estratégica surge una postura oportuna y necesaria. Como lo planteó con firmeza el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en un foro en Barranquilla junto a otros gobernantes, al advertir en el encuentro que la consigna debe ser “ahora o nunca”, la región atraviesa una ventana de oportunidad inédita para pasar del discurso a la acción. La lectura de Turbay acierta al instar a construir una agenda sólida que trascienda los mandatos de turno, enfatizando además la urgencia de devolverle la autoconfianza a Cartagena y traducir sus activos turísticos e históricos en un bienestar palpable para sus barrios.
Esta perspectiva merece un respaldo decidido. No basta con la fotografía protocolaria de mandatarios ni con pactos simbólicos. El llamado a pensar en grande debe materializarse en prioridades claras, recursos asegurados y plazos exigibles. El Caribe no debe acudir al Estado central a pedir favores, sino a defender con rigor sus derechos e intereses legítimos. Si la dirigencia y la sociedad civil asumen con determinación este reto, el “ahora o nunca” dejará de ser una frase célebre, para convertirse en el punto de partida del desarrollo definitivo de esta región.