La crisis financiera que enfrenta Afinia, filial del Grupo EPM, encargada de suministrar energía eléctrica a cinco departamentos de la Costa, se ha transformado en una emergencia estructural que amenaza la estabilidad social y económica del Caribe colombiano.
Cuando una empresa recauda apenas 57 pesos por cada 100 de energía que compra, y acumula un déficit de caja mensual de $400 mil millones, el sistema se encamina hacia una parálisis inminente. Y es que las obligaciones pendientes con XM por $131 mil millones representan el síntoma más alarmante de un modelo que agotó su margen de maniobra.
El diagnóstico presentado por la Gerencia de EPM el pasado viernes muestra una realidad insostenible. A las viejas mañas ciudadanas del fraude, las pérdidas no técnicas y la proliferación de conexiones ilegales, se suma ahora una paradoja inadmisible: las propias entidades públicas adeudan a la compañía más de $420 mil millones. Resulta inaceptable que el Estado, llamado a garantizar el orden y la legalidad, figure entre los principales deudores de un servicio esencial, profundizando el estrangulamiento de liquidez de un operador que atiende a millones de ciudadanos en condiciones de alta vulnerabilidad.
La segmentación del mercado mediante Energía Atenea demostró ser un paliativo insuficiente ante la magnitud del problema. Ni los subsidios ordinarios ni los esfuerzos aislados de la empresa bastan frente a una distorsión acumulada durante decenios. Pretender que Afinia resuelva en solitario la opción tarifaria, la normalización de redes en zonas subnormales y el déficit estructural equivale a postergar un desenlace que la región ya padeció con el colapso de Electricaribe: racionamientos, deterioro de la calidad de vida y estancamiento del aparato productivo.
No hay tiempo para la inercia ni para discursos complacientes. La viabilidad del servicio eléctrico en el Caribe no puede depender del agotamiento financiero de un solo grupo empresarial, ni quedar supeditada a la apatía de las administraciones de turno.
Se requiere con urgencia una mesa técnica vinculante que aborde el pago inmediato de las acreencias públicas, reestructure los esquemas de subsidios para poblaciones vulnerables y combata con rigor judicial el fraude continuado.
Por ello, desde esta tribuna editorial hacemos un llamado perentorio al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG, así como a los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos donde Afinia presta servicios, pues es imperativo concurrir de manera inmediata y decidida en la solución integral y definitiva de esta crisis. El Estado en todos sus niveles debe honrar sus deudas, cofinanciar la normalización eléctrica y asumir una corresponsabilidad política real. Evitar el apagón energético y social del Caribe es un deber inaplazable de todos.