La evacuación preventiva en las instalaciones de Caracol Televisión y las alertas de seguridad emitidas para Caracol Radio, Canal RCN y la revista Semana representan el retorno de episodios oscuros contra el periodismo colombiano.
Las advertencias de inteligencia que señalan planes del Eln para detonar artefactos explosivos contra las sedes de esos medios no son simples rumores; constituyen una tentativa de intimidación masiva que retrotrae al país a épocas aciagas del narcoterrorismo, cuando los violentos pretendían doblegar la verdad a punta de terror. Que los antiexplosivos de la Policía no hallaran cargas en las revisiones no mitiga en absoluto la gravedad del hecho, pues el mensaje de zozobra logró su propósito terrorista.
La respuesta del presidente Abelardo De La Espriella, ordenando el despliegue inmediato de las capacidades del Estado para blindar las redacciones y a sus familias, es reacción indispensable frente a una amenaza directa al orden constitucional. No obstante, la defensa de la libertad de expresión no se colma con el despliegue de uniformados ni con oportunas declaraciones en redes sociales. Como bien lo han advertido la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la protección efectiva exige una labor de inteligencia preventiva rigurosa y un compromiso judicial implacable que identifique y desarticule a los autores intelectuales de estas intimidaciones, impidiendo que el ejercicio informativo quede subordinado al miedo.
El telón de fondo de esta crisis es alarmante. La Asociación Colombiana de Medios de Comunicación (AMI) ha puesto el dedo en la llaga al recordar el severo deterioro en los índices de libertad de prensa reflejado en el Índice Chapultepec de la SIP: más de 2.000 agresiones contra comunicadores en el último cuatrienio, diez periodistas asesinados y un promedio escalofriante de un reportero amenazado cada dos días.
Durante el pasado cuatrienio, la estigmatización sistemática de la labor periodística desde la tribuna presidencial caldeó un ambiente de hostilidad que hoy los grupos armados ilegales intentan capitalizar mediante el terrorismo, incluido el psicológico. Cuando desde el núcleo del poder se deslegitima el oficio de informar, se les allana el camino a los criminales para atentar físicamente contra quienes investigan y denuncian.
Silenciar un medio de comunicación o sembrar el pánico en sus salas de redacción no solo vulnera los derechos laborales y humanos de reporteros y trabajadores técnicos; también trunca el derecho sagrado de los ciudadanos a estar informados con pluralidad e independencia.
Hoy el periodismo resiste con serenidad y rigor; pero la institucionalidad debe comprender que no hay margen de tolerancia a permitir que el terrorismo condicione la información y el análisis de los medios.