Chuzar a quiénes

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Es tan equivocada la conducta de algunos oficiales del Ejército colombiano, quienes, según un informe revelado este viernes por la revista Semana, interceptaron y grabaron ilegalmente las conversaciones y mensajes de colombianos, pero también de periodistas corresponsales de periódicos estadounidenses que, si no fuera por la gravedad de los hechos, habría que calificarlos de imperdonable candidez.

Sí. Cándidos, porque es absolutamente previsible para cualquier persona con cinco dedos de frente que esto se iba a saber y que tarde o temprano sería de conocimiento público.

Obvio que si no era el Gobierno colombiano, o los periodistas, o Semana –que ha sido valerosamente activa en la revelación de esta clase de hechos delictivos, lo cual es admirable y laudable–, pues terminarían sabiéndolo los gringos, que tienen la inocultable capacidad de escuchar las conversaciones de a quien les apetezca e, incluso, a los que interceptan las comunicaciones de los demás.

¿A qué militar sensato se le ocurre chuzar a una persona que será naturalmente materia de protección del gobierno americano? ¿A qué autoridad de inteligencia no le pasa por la mente que meterse con un periodista al servicio de un medio de comunicación estadounidense es considerado uno de los peores pecados contra la democracia en aquella poderosa nación? ¿Cómo es posible que no hayan calculado el daño que causaría a las relaciones con poderosos congresistas de aquella nación?

Y en cuanto a los colombianos interceptados, ¿qué nivel de necedad hay que tener para jugar al espía secreto contra personas que no representan riesgos sensibles para la seguridad nacional?

Si se analiza el listado de personas presuntamente interceptadas, se podrán encontrar nombres de exministros, generales, políticos y sindicalistas que no suponen riesgo para la patria, es decir, contra todos nosotros. Seguramente que entre estos habrá afectos o desafectos al gobierno de turno; pero es que la inteligencia estatal no se creó para espiar a los contradictores, sino para protegernos de quienes atentan contra la existencia del Estado, la independencia y la soberanía nacional. Destinar recursos del erario para interceptar a los oponentes partidistas es la más burda politización, como en tiempos de la Gestapo, del servicio militar. Y hacerlo contra los periodistas, entre cuyos deberes está la defensa de la moral pública, es un despropósito.

Los colombianos tenemos derecho a reclamar de nuestros militares que inviertan nuestros recursos y su tiempo en pesquisas dirigidas contra las Bacrim, los alzados en armas, las disidencias, las mafias de todos los pelambres o los enemigos externos; pero nos avergüenzan cuando emplean los medios que el Estado les confía, en hacerle el juego a intereses politiqueros o de baja estofa, mientras que los soldados rasos se están jugando la vida por nosotros o están dándolo todo para que, por ejemplo, se mantenga el orden en tiempos de pandemia.

Es de esperar que pronto nos revelen de quiénes son las manos que movieron los hilos en una operación criminal tan descabellada, pero también tan torpe.

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