Conforme a declaración reciente del secretario general de Naciones Unidas, el turismo, como pilar de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, es puntal para superar la pandemia, no sólo por su vocación de generar riqueza, también porque puede promover la solidaridad y la confianza, “ingredientes cruciales para impulsar la cooperación global que tan urgentemente se necesita, lo cual es fundamental en países vulnerables porque millones de familias de escasos recursos y mujeres dependen económicamente de esta actividad”.
No es casualidad que curse en el Congreso de la República el proyecto de reforma de la Ley General de Turismo, propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha provocado interesantes debates a nivel nacional y la profusión de diversas observaciones. De entre estas hemos escogido, por lo atinadas, algunas del gremio hotelero.
A pesar de que se plantean estímulos tributarios, salta a la vista que no han sido confeccionados considerando las vicisitudes catastróficas causadas por la pandemia, realidades que reclaman más pragmatismo del que se percibe en la propuesta de reforma.
Por ejemplo, se ha venido sosteniendo la necesidad del desmonte indefinido de la sobretasa de energía para los servicios de alojamiento, tanto en formas tradicionales de hotelería como en hostales, pues ninguna de esas modalidades se sustrajo de los daños directos de la emergencia sanitaria.
Tampoco tiene sentido mantener la calidad de “excluido” que le dio el Decreto Ley 789 de 2020 al IVA facturado a residentes por servicios de alojamiento, como IVA exento de la manera que sí aplica a los turistas no residentes en Colombia, pues el IVA excluido genera un mayor costo al no poder cruzarlo con los IVA que se pagan por compras o adquisición de bienes, servicios e insumos que requiere la operación hotelera. Llevar la calificación de IVA exento al menos hasta diciembre de 2022 es un incentivo concreto para paliar en parte la crisis.
Sobre la informalidad en el sector de alojamiento y hospedaje, no recoge el articulado acciones más eficaces para inspección, vigilancia y control a personas que prestan estos servicios en cualquier tipo de edificación, y más en el marco de esta situación generada por el COVID-19. La parahotelería, por ejemplo, no estará sujeta a los exigentes protocolos de bioseguridad fijados para los prestadores formales, lo cual generará un indefendible desequilibrio entre formales que contribuyen al erario e informales que no reportan ni a las autoridades de control ni a las tributarias, lo cual también se reflejará en los precios de los hospedajes.
También es necesario que el referido proyecto de ley incluya incentivos a la oferta, pues en su texto los contempla en favor de la demanda, cuando lo correcto es plantearlos para que la contratación de prestadores de servicios turísticos se oriente a quienes cumplen con el imperativo deber de matricularse y mantenerse inscritos en el Registro Nacional de Turismo, con el consecuente aporte de la contribución parafiscal.