Un golpe a la administración. Así se puede definir la aprobación de la moción de censura por parte del Concejo Distrital contra el secretario de Planeación, Guillermo Ávila, a quien el alcalde William Dau califica como un “funcionario estrella”.
La moción fue aprobada con la votación positiva de Lúder Ariza, Javier Julio Bejarano, Sergio Mendoza, Carlos Barrios, David Caballero, Laureano Curi, Gloria Estrada, Lewis Montero, Hernando Piña, Fernando Niño, César Pion, Liliana Suárez, Wilson Toncel, Carolina Lozano, Kattya Mendoza, Rodrigo Reyes, Óscar Marín y Luis Cassiani. La única que votó en contra fue la concejala Claudia Arboleda. (Lea aquí: Concejo aprueba moción de censura contra secretario de Planeación)
El pasado 1 de diciembre los concejales aprobaron la proposición de una moción contra el secretario al considerar que este no cumplía con las funciones del cargo. Entre los argumentos estaba la poca ejecución del presupuesto 2020 en la ciudad, el no contar con un diagnóstico territorial para las mesas de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el supuestamente no haber cancelado el compromiso contractual del consultor Julio Gómez, lo cual expone al Distrito a nuevos pleitos judiciales; y también el no llevar a cabo la liquidación del convenio de POT Moderno entre el Distrito y Fonade (ahora EnTerritorio) ante el incumplimiento del objeto.
Ante los múltiples cuestionamientos, Ávila Barragán inició su intervención afirmando que había interrogantes adicionales a los citados en la proposición, por lo que solo daría respuesta a los que tenía conocimiento.
Así las cosas, respecto al cuestionamiento de los procesos de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial, el funcionario aclaró que para los instrumentos de ordenamiento no se realizan socializaciones en la fase de diagnóstico y formulación (que es la actual), sino que se ejecutan procesos de participación ciudadana.
“En Cartagena se acostumbraba a hacer un proceso de socialización al final y no de participación desde el principio. Hemos cambiado eso, por eso tenemos un proceso de participación en tres etapas, donde en la primera se escuchan las dudas de los actores en unas mesas de participación, luego, esas dudas se expresarán en el documento de diagnóstico que en un segundo ciclo será divulgado y participado; y en el tercer ciclo será adoptado con la presentación ante el Concejo Distrital”.
Por otra parte, frente al proceso de liquidación del contrato entre la Alcaldía de Cartagena y Fonade, Ávila aclaró que el plazo para hacerlo es el 31 de marzo de 2021 y en los últimos meses se han adelantado las gestiones pertinentes.
“Nos encontramos dentro del plazo fijado para proceder a liquidar el convenio. Ya hicimos el requerimiento a la Secretaría de Hacienda para conocer el balance presupuestal definitivo del convenio y continuar con el aprestamiento para examinar las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes y servicios prestados”.
Así mismo, en cuanto a los productos entregados en el marco de ese contrato, aclaró que nunca se estableció que se debía formular un Plan de Ordenamiento Territorial. “Se contrató la administración jurídica y financiera de los recursos aportados por el Distrito para el desarrollo de las actividades que se requieran en el marco de la implementación del programa POT Modernos”, dijo.
A su vez, indicó que estos productos se recibieron porque cuentan con la supervisión y aprobación del Departamento Nacional de Planeación y está contemplado en las cláusulas contractuales.
“Se recibieron los productos contratados en la etapa post contractual con la finalidad de poder realizar la liquidación del mismo (...) El Distrito está en la obligación de hacer uso de los insumos derivados de la asistencia técnica, de tal forma que se aprovechen los productos y sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones administrativas y de gobierno que correspondan”.
Luego de que Ávila rindiera cuentas, los concejales cuestionaron que estuviese cumpliendo el papel de “abogado de Fonade en vez de secretario de Planeación”.
“Todo lo que dijo está por fuera de la norma y creería que se le había olvidado que existía una liquidación parcial, unas actas (...) Usted es el que debe fungir como supervisor, tiene que desenmascarar, decir lo que estuvo mal, pero no, todo lo que viene de Fonade está bien, y si es así yo diría, a mi parecer, que se está demostrando un desconocimiento de las obligaciones contractuales porque recibió productos que no sirven”, afirmó el concejal César Pion.
Por su parte, Javier Julio Bejarano, Sergio Andrés Mendoza y Lúder Ariza sustentaron su voto en que las mesas de socialización del POT no cuentan con un diagnóstico territorial, que permita la participación y diálogo deliberativo, al igual que la baja ejecución presupuestal.
“La dependencia ha tenido poca gestión administrativa por parte del funcionario frente a los indicadores de ejecución presupuestal, su presupuesto final fue de $15.667 millones, de los cuales $15.373 millones fueron en inversión y $294 millones en funcionamiento. De los gastos de inversión, informó el funcionario, con corte a octubre, se alcanzó a ejecutar el 25%, mientras que de los de funcionamiento solo el 7%”, señalaron en un comunicado conjunto.
Agregaron que una de las causas de la baja ejecución es que el secretario de Planeación “ha demostrado que su falta de conocimiento del territorio le ha paso factura en su gestión, motivo por el cual esa secretaría no ha avanzado nada”.
Otros de los argumentos dados por los concejales es que Ávila Barragán no tiene “características para ser funcionario”.
“Estamos demostrando que usted no ha sido diligente frente a las tareas que se le asignan y son de su competencia. Ningún funcionario, en su gran mayoría, comenzando por la cabeza, tiene la facilidad de escucha, no tienen esa característica de funcionario, ni amabilidad, ni cortesía. Esto lleva a que sea una administración con unos funcionarios inoperantes e ineficientes”, sostuvo Óscar Marín.
El cabildante también dejó ver que el disgusto con el nivel de desempeño no es solo con Ávila, pues ya se estaría pensando en ‘pasar al tablero’ a otros funcionarios.
“Hay muchos más que si no se ponen las pilas aquí estarán sentados con una moción de censura. Es inadmisible e imperdonable que en la ciudad esté pasando necesidad la población más vulnerable, teniendo la administración los recursos guardados. Eso es inoperancia, ineficiencia e ineficacia, que son requisitos para llevar una moción de censura”, señaló.
Horas después de conocerse la determinación, el alcalde William Dau y sus funcionarios mostraron su rechazo a la moción.
“Nuestro gobierno ha sido víctima de otro de esos golpes bajos a los que nos tienen acostumbrados la mayoría de los concejales como parte de la persecución política en contra de la administración ‘Salvemos Juntos a Cartagena’. Al aprobar esta moción de censura creen los concejales que van a desestabilizarnos, pero se olvidan que este gobierno es de la gente y fue elegido para acabar la corrupción con honestidad y excelencia”, afirmó el mandatario en un video donde sale todo el gabinete, incluso Ávila.
Agregó que respalda el accionar del funcionario que a lo largo de su gestión ha demostrado excepcionales calidades técnicas, y no es una cuota política. Por el contrario, “tiene una hoja de vida intachable”. (Lea aquí: Alcalde Dau dice que moción a Guillermo Ávila es persecución política)
“A Guillermo lo juzgan por querer salvar a Cartagena de todo el desorden urbanístico que arrastra a la ciudad y que ha dejado grandes consecuencias como la joyita del Aquarela o la tragedia de Blas de Lezo II; se le juzga por querer sacar adelante el POT que lleva más de 10 años desactualizado. Pero mi pregunta es ‘¿dónde estuvieron los concejales todos estos años?’. Todos han formado parte del mismo plato”.
Por otra parte, el Consejo Gremial de Bolívar calificó la decisión como extrema, injustificada y “con la que sin duda pierde Cartagena”.
“Ha sido un exceso en el ejercicio del poder, teniendo en cuenta que ha habido silencio por parte del Concejo Distrital frente a actuaciones negligentes del pasado”, indicó el CGB.
Agregó que “no deja de ser objeto de preocupación los continuos controles dirigidos al secretario, que se han visto signados por abiertos mensajes hostiles, que atentan contra los principios democráticos y los derechos humanos. No se recuerda en el pasado que alcaldes o concejales procedentes de otras partes del país hayan sido intratados por tal razón y tampoco censurados por otras acciones que sí eran dignas de ello y que saltan a la vista sin mayores esfuerzos”.