La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha causado diversas opiniones por los posibles impactos que tendría en los intereses del país. En una entrevista para La W Radio, el ex viceministro de Hacienda, Francisco Azuero, analizó algunas de las consecuencias que la reforma podría acarrear para la Nación.
Según Azuero, “el problema radica en la responsabilidad histórica que se le ha otorgado al Gobierno nacional, tanto en la Constitución como en más de 200 leyes aprobadas desde el 2013. Estas leyes han asignado al Gobierno nacional una serie de gastos adicionales. La mayoría de estas iniciativas no han sido de unos burócratas en Bogotá que buscan construir poder, como se podría pensar. Han sido, en gran medida, propuestas de los mismos parlamentarios y de los sectores políticos que han trasladado más responsabilidades al Gobierno nacional en diversos campos”.
En ese sentido, el ex viceministro subrayó que “este proceso ha creado un escenario en el que recortar competencias del Gobierno nacional para trasladarlas a los territorios resulta extremadamente difícil”. Puede leer: Congreso de la República avanza a octavo debate reforma del SGP
Críticas y defensa
Algunos críticos sostienen que la descentralización de recursos a las regiones podría ser una mejor alternativa para enfrentar las necesidades locales de manera más directa, en lugar de avanzar con la reforma al SGP. Estos opositores temen que la reforma termine incentivando más la corrupción, en lugar de solucionar los problemas estructurales del país.
Álvaro Navas, abogado y politólogo de la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo, Francia, es uno de los que defiende la descentralización. Según Navas, este proceso permitiría transformar los recursos naturales y económicos de las regiones en soluciones sostenibles y viables para toda la Nación. “Colombia podrá integrarse mejor a los mercados globales, reducir los costos logísticos y equilibrar las desigualdades económicas que hoy ubican al país con uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina”, afirmó el politólogo.
Sin embargo, Navas advierte que, aunque la reforma es necesaria, debe avanzar con cautela. Considera que el incremento en las transferencias debe ser progresivo y estar acompañado de un fortalecimiento institucional en las regiones. “Esto incluye establecer observatorios para medir los avances y garantizar una gestión eficiente de los recursos. Además, es necesario contrarrestar las resistencias de sectores que aún creen que el desarrollo debe centrarse exclusivamente en las grandes ciudades del interior, ignorando el potencial de las regiones costeras y periféricas”, agregó.
Debate y pendientes
A pesar del apoyo generalizado en el séptimo y penúltimo debate sobre la reforma, aún persisten varias propuestas que deben ser abordadas en el último debate. El congresista James Mosquera, por ejemplo, ha destacado la importancia de “tener en cuenta a las comunidades afro y a los consejos comunitarios” en el diseño de la reforma. Otra cuestión pendiente es el manejo de los recursos destinados a la educación superior en zonas vulnerables, una preocupación planteada por el representante Eduard Sarmiento. Por el momento, el aumento en las transferencias de recursos está previsto para comenzar en el 2027 y se implementará de manera gradual durante los siguientes 12 años.