Una nueva decisión disciplinaria vuelve a poner en el centro del debate la gestión del exalcalde de Cartagena William Dau. La Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos, tras encontrar graves irregularidades y sobrecostos en un contrato de arrendamiento relacionado con el funcionamiento de la cárcel de mujeres del Distrito.
La sanción se origina en hechos ocurridos durante el segundo año de su administración. El 28 de julio de 2021, la Contraloría Distrital de Cartagena abrió una investigación por un posible detrimento patrimonial derivado del contrato de arrendamiento de un predio de 5.000 metros cuadrados donde opera el centro carcelario femenino, ubicado en zona de conurbación con el municipio de Turbaco. Lea: Defensa de William Dau: “Es una persecución política y judicial”
La actuación del ente de control fiscal se produjo tras una denuncia presentada el 2 de diciembre de 2021 por Álvaro Payares Orozco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Horizonte. En ella se advertían presuntas irregularidades administrativas con posible alcance disciplinario e incluso penal, entre ellas sobrecostos injustificados en el canon de arrendamiento.
De acuerdo con la investigación, el contrato presentaba precios inflados y vacíos en la justificación técnica y económica para arrendar un inmueble que no se encuentra dentro del territorio de Cartagena. Además, no se estableció una metodología clara para definir el valor del canon ni se realizó una comparación con precios del mercado, lo que habría generado un detrimento fiscal estimado en $1.981.054.710.
Aunque inicialmente, el 16 de junio de 2022, la Procuraduría Delegada Disciplinaria ordenó una indagación previa contra funcionarios por determinar de la administración distrital, el proceso avanzó y el 12 de abril de 2024 se abrió formalmente investigación disciplinaria contra William Jorge Dau Chamatt, en su calidad de alcalde del Distrito.
Posteriormente, el 29 de octubre de 2024, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exmandatario, calificando la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Como resultado, en fallo de primera instancia, se le impuso una inhabilidad de diez años para ejercer cualquier cargo público.
Esta sanción se suma a una inhabilidad previa de 12 años que pesa sobre Dau por su participación indebida en política, luego de que se comprobara que difundió públicamente su apoyo a dos candidatas al Congreso en las elecciones de 2022. Con ello, el exalcalde queda impedido para ejercer cargos públicos durante un total de 22 años. Puede leer: William Dau es destituido e inhabilitado por 12 años por faltas disciplinarias
Un predio con múltiples irregularidades
Para la Procuraduría y la Contraloría Distrital, el contrato de arrendamiento No. CA-001-2020, suscrito entre el Distrito de Cartagena y la sociedad Soluciones Integrales e Inversiones Comerciales INVERCOM S.A.S., presentó graves irregularidades que afectaron el patrimonio público.
Entre los hallazgos, los entes de control señalaron que no existía justificación suficiente para arrendar un inmueble por fuera del territorio distrital. También se evidenció que el Distrito terminó pagando por un área superior a la realmente utilizada para el funcionamiento de la cárcel.
En la denuncia se indicó, además, que en el inmueble arrendado opera una estación de servicio donde se comercializan combustibles y líquidos inflamables, y que el predio no cuenta con servicios de agua potable ni alcantarillado. A esto se sumó una inconsistencia en la identificación del inmueble, ya que el contrato hace referencia a una matrícula inmobiliaria distinta a la del predio donde realmente funciona la cárcel de mujeres.
Durante una visita de verificación realizada el 21 de julio de 2021, la Contraloría Distrital concluyó que el área efectivamente ocupada por el establecimiento carcelario era de 1.352,32 metros cuadrados, muy por debajo de los 5.000 metros cuadrados pactados en el contrato. Esta diferencia de 3.645,68 metros cuadrados habría inflado de manera significativa el valor del canon de arrendamiento.
El ente de control también encontró inconsistencias en los avalúos, pues el área del lote y el área construida no coincidían con los valores consignados en los estudios técnicos utilizados para fijar el precio del contrato.
Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría estimó presuntos detrimentos patrimoniales en tres contratos distintos, por valores de $220.117.190, $1.210.644.545 y $550.292.975, respectivamente.
Las faltas atribuidas al exalcalde Dau
Tanto la Contraloría como la Procuraduría concluyeron que William Dau participó en la etapa precontractual y contractual en detrimento del patrimonio público, y con desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
Los organismos de control señalaron que, en su condición de alcalde, Dau tenía el deber funcional de ejercer control, dirección y vigilancia sobre el contrato, especialmente en lo relacionado con la verificación de los estudios previos y los soportes técnicos, así como en la ejecución contractual, al ser el ordenador del gasto y la máxima autoridad administrativa del Distrito.
Para los entes investigadores, el exmandatario incumplió principios fundamentales como la planeación y la austeridad económica, y quebrantó el principio de moralidad administrativa al omitir el deber reforzado de control que le correspondía.
Por estas razones, la Procuraduría determinó inhabilitarlo en fallo de primera instancia por diez años para ejercer cualquier cargo público en el país.