Más de 20 congresistas de diversas bancadas radicaron un proyecto de ley para reglamentar la Consulta Previa y robustecer las garantías de las comunidades étnicas en Colombia. Los legisladores buscan asegurar que los procesos consultivos se desarrollen con mayor claridad y total transparencia en el país.
La iniciativa legislativa se enfoca, esencialmente, en asegurar el derecho a la Consulta Previa. Simultáneamente, el proyecto de ley pretende superar los inconvenientes que actualmente generan incertidumbre tanto para las comunidades involucradas como para los proyectos que requieren este mecanismo de participación.
El proyecto establece que el Estado asuma un papel más activo como garante, facilitador y articulador del proceso, siempre sin sustituir la autonomía de las comunidades ni el carácter concertado de la Consulta Previa. Lea también: Así funciona el nuevo centro de residuos orgánicos de Cardique en Isla Múcura
Procesos de Consulta Previa en Colombia
El Ministerio del Interior, según su información, registró 12.588 procesos de Consulta Previa entre el año 2011 y el 2026. Los datos revelan que, entre los procesos registrados desde el 2022 hasta el 2026, 3.311 mantienen su estado activo, mientras que solo 692 lograron la etapa de protocolización. Esto significa que aproximadamente el 16 % de estos procesos recientes llegó a buen término, frente a un 77 % que aún permanece en fase activa.
La Corte Constitucional, además, identificó un “desorden administrativo” en la gestión de los procesos consultivos, según señala el nuevo proyecto de ley. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación y las capacidades que tiene el Estado para ejecutar estos mecanismos.
Medidas clave del proyecto para la Consulta Previa
El proyecto de ley radicado propone varios puntos para optimizar el desarrollo de las Consultas Previas. Estos son:
I) Que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior sea fortalecida como entidad rectora.
II) La creación del Sistema de Información de Consulta Previa (SICOP).
III) Plazos claros para las actuaciones administrativas, que no limitan los tiempos de diálogo, deliberación y concertación de las comunidades, sino que buscan ordenar las actuaciones que corresponden al Estado y al ejecutor del proyecto.
IV) Una Mesa Técnica para resolver bloqueos con participación del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la entidad competente del sector y, cuando corresponda, la ANLA, además de un representante de las comunidades.
V) Facilitadores independientes y asesoría técnica para las comunidades.
El senador Juan Espinal (Centro Democrático) afirmó que el “desafío no está en reducir el derecho de las comunidades, sino en fortalecer las capacidades del Estado para garantizarlo efectivamente, evitar intermediarios y generar transparencia en el proceso”.
Con esta declaración, el congresista enfatiza la importancia de una gestión pública eficiente y el respeto por los derechos de las comunidades étnicas.
Con esta iniciativa, los legisladores aspiran a lograr una Consulta Previa con mayor capacidad institucional, así como a fomentar la información pública, establecer reglas administrativas claras, asegurar una financiación transparente y garantizar un seguimiento efectivo.
La propuesta legislativa busca simultáneamente asegurar la participación de las comunidades y el respeto por sus derechos, promoviendo un avance significativo en la implementación de este mecanismo constitucional. Le puede interesar: Radican por tercera vez proyecto de ley que busca frenar las fotomultas en la Vía del Mar