Política


Audiencia: las peticiones que hará la defensa de Dau al contralor

El alcalde Dau prepara su defensa para afrontar el proceso fiscal por el que la Contraloría embargó su cuentas y las de 42 funcionarios y exfuncionarios.

WILSON MORALES GUTIÉRREZ

17 de septiembre de 2021 12:00 AM

La confrontación entre el alcalde William Dau y el contralor Freddys Quintero Morales no da tregua.

La semana pasada el contralor ordenó el embargo de la cuenta del mandatario y las de 42 funcionarios y exfuncionarios de la administración en torno a una investigación por un presunto detrimento patrimonial por el pago de gastos de representación a servidores distintos al alcalde mayor de Cartagena.

El alcalde ha sumido esto como un ataque político y así lo subrayó ayer en medio de una rueda de prensa en la que presentó al abogado Iván Acuña, a quien contrató especialmente para representarlo en este proceso.

“Estamos en una guerra de fuerzas del mal contra las del bien; las fuerzas que derrotamos en las urnas, que se están uniendo y confabulando, y no los voy a dejar. Pido el respaldo de los cartageneros, que ayuden a defender esta administración de todos los ataques. Freddys Quintero es apenas uno de tantos actores de esta guerra que ya comenzó. Los ataques en redes y denuncias ya comenzaron, vienen con todo. Por un lado, quieren sacarme del poder y causarle daño a la administración para ellos recuperar la Alcaldía en dos años. Freddys descaradamente me declaró la guerra, y guerra será. Estamos bajo ataque permanente y tenemos que pelear; no se puede confundir ser buena persona con ser pendejo, eso no va a pasar. Trajimos un abogado de ligas mayores para enfrentarlo -a Freddys- y ponerlo en su lugar”, dijo Dau.

Además, se refirió a unas declaraciones que el contralor dio a este medio en las que indicó que en los años 2017 y 2019, como representante del ente de control fiscal, les advirtió a los alcaldes que no se podían hacer pagos de gastos de representación. Lea aquí: Contralor Distrital rompe su silencio ante denuncias del alcalde Dau

“Les pasó una carta diciéndoles que no podían pagar esos gastos, pero no los sancionó. Pero me la hace a mí en el 2020, pero hasta ahora en archivos de la Alcaldía no aparece un solo requerimiento del contralor diciendo ‘no hagas pagos de gastos de representación’. No hemos encontrado un solo documento que siendo yo alcalde la Contraloría haya dicho eso. Nos enteramos es cuando nos embargó las cuentas”, agregó el mandatario.

Defensa jurídica

A su turno, el abogado Iván Acuña señaló que son preocupantes las medidas adoptadas por el contralor.

“Todo parte de la existencia de un acuerdo del Concejo del 2011, no es de ahora, tiene diez años y se ha venido aplicado sin ningunas restricciones, tal como lo concibió en su momento el Concejo. El Concejo adoptó una escala de remuneración, estableció distintas categorías que afectaban esa escala de remuneración. Dice: ‘empleo para entidades, empleados de organismos y dependencias que conforman la organización administrativa del nivel central de la Alcaldía’. Diez años transitó así y no hubo reproches ni reparos de esta acción, hubo un tránsito pacífico en la aplicación de este acuerdo”, dijo.

“Luego --añadió-, hubo auditoría como había ocurrido en administraciones anteriores y se vio la necesidad, porque entre otras cosas esta situación que tampoco es lesiva para el patrimonio distrital, no fue provocada por ningún alcalde anterior ni el actual; hay que partir de ese primer hecho histórico. A raíz de situaciones que se presentaron a través del Acuerdo 050 del 2020, el Concejo decidió modificar el Acuerdo 09 del 2011, porque se presentó una discusión semántica (...) Cuando ya el Concejo modifica el acuerdo, inmediatamente el alcalde por medio de un decreto del 31 de diciembre adopta ese acuerdo distrital y luego lo aclara el 18 de enero del 2021 a través del Decreto 0048”.

La defensa del alcalde William Dau presentará tres acciones para afrontar el proceso de la Contraloría: tutelas, una denuncia y un requerimiento a la Auditoría General de la Nación.

El jurista indica que el problema es que desde el 2011 se crearon dos situaciones de remuneración para algunos funcionarios, entre ellos el alcalde.

“El Concejo dividió los ingresos totales, uno en salarios y el otro en gastos de representación. A pesar de eso, siempre se tuvo el cuidado en esta y otras administraciones de no sobrepasar los límites de remuneración que establecía el Gobierno nacional. Nadie sobrepasó los limites y mucho menos este alcalde. Sumados los dos conceptos, gastos de representación más salario, no había violación de topes y esto es importante en el proceso fiscal, por eso aquí no ha habido gastos más allá de lo que establece la ley. No hay otro problema distinto a una denominación semántica de los ingresos que reciben los funcionarios de esta Alcaldía, que son iguales en su rango de todos los ingresos que reciben los funcionarios de otras alcaldías de Colombia, así que no hay sobrepaso de topes establecidos”, explicó el abogado.

“Desconoció jurisprudencia”

Precisó que lo único que deben tener en cuenta los contralores es que no haya daños patrimoniales.

“Desconoció jurisprudencias --dijo-, sentencias de unificación del Consejo de Estado y es obligar a los funcionarios, que además legítimamente están recibiendo su remuneración, y los embarga y los conmina a que devuelvan un dinero que no están obligados a devolver. Encontramos desconocimiento de un precedente, porque aquí hay un trato desigual contra el alcalde y funcionarios, provocado por este juicio y es lo que ha dicho la Corte cuando analizó la constitucionalidad del artículo décimo de la Ley 1437 del 2011: la jurisprudencia, los fallos de unificación jurisprudencial se respetan porque detrás de eso hay un derecho que se llama derecho de igualdad. Los funcionarios y jueces deben tratar de la misma manera a cualquier ciudadano en cualquier lugar de Colombia, por eso estas sentencias y precedentes son tan importantes”.

El defensor del alcalde dice que el contralor, al embargar las cuentas, habría incurrido en un delito, al desconocer precedentes, y que así lo dice la Sentencia 642: el prevaricato.

“Vamos a solicitar la intervención de la Auditoría General de la Nación, vamos a hacer que ellos vigilen los comportamientos y conductas de este contralor. Vamos a hacer uso, con todos los funcionarios afectados, de amparos constitucionales que es, en el fondo, el desconocimiento de derechos de la igualdad. El contralor quiere que se les remunere de manera desigual al resto de funcionarios de las mismas categorías de otras instancias nacionales. Eso no se puede permitir y va en contravía de lo que dice la Corte Constitucional y Consejo de Estado. Hago un llamado a la moderación al contralor y pedirle que no utilice la Contraloría para hacer política de oposición contra el alcalde, eso no es para eso. Los organismos no son para este tipo de arbitrariedades y persecuciones. En resumen, vamos a presentar una tutela para que los funcionarios tengan un tratamiento igual al de los demás funcionarios y hacer denuncias penales, y la intervención de la Auditoría General, requerimiento que haré de inmediato”.

Lo que se viene

Finalmente, el abogado dejó ver que el próximo 11 de octubre habrá una audiencia ante la Contraloría en torno al proceso de los embargos.

“Vamos a pedirle al contralor que se revoque la medida cautelar que emitió. Vamos a pedir la revocatoria de esa decisión de embargo y por eso llamo a la sensatez al contralor para que desembargue de manera inmediata esas cuentas. Los funcionarios no tienen por qué hacer ninguna clase de devolución y esperamos que impere la sensatez y su buen juicio, y repare estos daños que ya ocasionó”, concluyó.

“Imprecisiones” en caso de arriendo de inmueble

Además de los embargos, desde el Distrito también se refirieron a las declaraciones que el contralor dio a este medio respecto a la controversia por el arriendo de la sede donde funciona la Contraloría, en el barrio El Bosque.

El contralor señaló que en 2020, en la administración Dau, se pagó más de lo que se canceló ese año por el mismo arriendo, teniendo en cuenta que en 2021 el contrato lo hizo la Contraloría.

La respuesta
del Distrito

Desde la Dirección Administrativa de Apoyo logístico indicaron: “En el 2020 se pactó la suma de $45 millones mensuales por concepto de canon de arrendamiento para el inmueble donde funciona la Contraloría en el marco del convenio suscrito en el año 2019, incluyendo este valor, además del arriendo, la dotación de mobiliario, mantenimiento de aires acondicionados y parqueaderos. Dicho canon se acordó con el arrendador considerando los estudios del sector para la suscripción del contrato, los cuales se realizaron de manera exhaustiva acogiéndonos a la guía para la elaboración de los mismos establecida por Colombia Compra Eficiente y considerando los diferentes precios de oferta inmobiliaria en la zona donde se encuentra ubicado el predio, y que nos permitió determinar un precio por metro cuadrado acorde con el mercado y en consecuencia determinar un presupuesto para este proceso contractual”.

Así mismo, señalaron: “Todo ello está soportado en los documentos que acompañan este contrato y que ha caracterizado a esta administración frente a los procesos contractuales. En el 2019 se suscribió un contrato para el funcionamiento de la Contraloría, por parte de la Alcaldía Distrital, cuyo canon mensual se pactó en la suma de $105 millones 750 mil; los estudios previos que acompañan este contrato indican cinco componentes en dicho precio (arriendo, interiorismo, mobiliario, mantenimiento de aires acondicionados y parqueaderos), de los cuales el componente arriendo equivale aproximadamente al 57% del valor del canon del contrato, esto es, la suma de $60 millones 277 mil, el valor restante corresponde a los demás componentes. Por lo anterior, es una imprecisión indicar que el costo por arriendo para este inmueble en el 2019 corresponde a un valor inferior al contratado por esta administración en el 2020 si no se revisan los contratos y los estudios que los justifican en su contexto”.

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