Fueron varias denuncias las que hizo el alcalde William Dau Chamat el lunes pasado, en torno a las investigaciones que ha emprendido el contralor Distrital, Freddys Quintero, contra su administración.
Una de estas se relaciona con el contrato de arrendamiento del inmueble en el barrio El Bosque, done funciona la Contraloría Distrital.
Dau indicó que Quintero tendría una persecución política contra su administración y que las razones serían las denuncias que ha hecho contra este y el haberse negado a pagar los conceptos por arriendo de las oficinas de la Contraloría Distrital. Lea aquí: “Él está ardido, quiere desquitarse”: Dau sobre embargo de la Contraloría
Además, el mandatario habló de supuestos sobrecostos en el canon de arriendo del inmueble donde funciona la Contraloría, en la avenida Crisanto Luque.
Dau indicó que en el 2019, en la administración del alcalde encargado Pedrito Pereira, suscribió un contrato con el contralor Quintero, en el que se estipula que se pagarían $105 millones mensuales, durante cuatro meses. Considera que es un precio que no coincide con la ubicación del inmueble y la infraestructura de este, y que en su administración, en el 2020, negoció ese contrato y ahora se paga por el mismo inmueble $45 millones mensuales de arriendo.
El contralor Distrital le hizo frente a estos señalamientos, indicando que el mandatario estaría mintiendo. Habló de cómo ha sido la relación del Distrito y la Contraloría.
“El Distrito junto a la Contraloría toda la vida han hecho convenios marco de fortalecimiento. Se hacen porque nosotros somos entidad, una subcuenta del presupuesto del Distrito, es decir, quien crea la personería es el alcalde, que tiene facultades para crear, cuando la ley en su debido momento lo obligó; entonces se crea la Contraloría y esta no tiene personería jurídica, su representación jurídica la tiene el Distrito. Esos convenios se hacen porque el mobiliario que maneja la Contraloría y sus recursos provienen del Distrito”, explicó.
También aseguró que en el 2019 el Distrito suscribió con la Contraloría un convenio marco de fortalecimiento del control fiscal, en el que la entidad territorial se comprometió a apoyar con la vigilancia de los bienes muebles del Distrito que están en la Contraloría.
“También nos iba a apoyar con estrategias de participación ciudadana y comunicación en las instituciones educativas para el proyecto ‘Contralores estudiantiles’, nos iba a apoyar con el arriendo de la nueva sede de la Contraloría –la de El Bosque– y con la adecuación y mobiliario de la misma. Con ocasión de ese convenio, en el 2019 el Distrito hace un contrato que es de arriendo con mobiliario. Además de contener el arriendo, se iba a incluir el nuevo mobiliario, que era el que iban a utilizar los funcionarios y se hizo una adecuación de la sede de la Contraloría. Respecto a las circunstancias en cómo ejecutaron o contrataron, tengo que decir que esa fue una relación que tuvo el Distrito con un contratista que yo no conozco, yo no intervine ni en la etapa precontractual ni contractual, sino que solamente con ocasión al convenio marco recibí unos muebles y un inmueble para el funcionamiento de la Contraloría Distrital”, contó Quintero.
Además, señaló: “En el Secop se evidencia que existe un contrato firmado por la señora Jaqueline Ortega, donde se hace un contrato de arriendo con mobiliario y aparecen unas obligaciones donde el arriendo, según reporta la inmobiliaria con la que contrataron, Rosario Hernández, pagaba para el 2019 unos $38 millones; lo demás incluía el mobiliario que se entregó. Y estamos hablando de que la Contraloría hoy es la entidad, después del Distrito, que tiene más funcionarios de planta, tiene 99 funcionarios de carrera administrativa. Y el edificio que se contrata es un edificio de 4 pisos con cubierta o azotea con baños incluidos; cada piso tiene 270 metros cuadrados, donde se hicieron unas divisiones de oficina, y donde se hizo mobiliario que comprometía acometida eléctrica y aires acondicionados. El valor que se pagaba por arriendo era de $38 millones, lo demás tenía el valor que se daba por el arrendamiento de esos muebles a favor, un contrato como el que celebra esta administración del alcalde Dau y celebraron las demás administraciones con el edificio Porto”.
Así mismo, el contralor señala que desde que asumió este contrato, consiguió un menor precio del arriendo.
“En el 2020 vuelve y contrata el Distrito –el arriendo–, en la administración de Dau, por $45 millones, un valor superior al que había contratado la administración anterior. Y adicional, en el 2020, cuando ya se termina el convenio del Distrito con la Contraloría, ya asume de manera directa la Contraloría y con el presupuesto insuficiente que tenemos logramos, teniendo en cuenta la pandemia, conseguir el arriendo por $25 millones. Por eso digo que falta a la verdad el señor alcalde al momento de señalar que se pagaban 105 millones en arriendo. Eso nunca se pagó en arriendo, y no lo señalo yo, es una evidencia que se puede ver en un contrato suscrito entre el Distrito y Rosario Hernández, en el contrato que tiene la Inmobiliaria Rosario Hernández con el propietario. Las cifras lo evidencian, el 2020 fue el año donde más se pago en arriendo en plena pandemia”, advirtió el funcionario.
Quintero también se refirió a otros señalamientos, como el nombramiento de una mujer en la Contraloría que el alcalde señala que tendría un vínculo amoroso con el contralor.
“Esas son apreciaciones personales del alcalde y frente a estas no tengo por qué manifestarme. Tengo que defender la institucionalidad de la Contraloría, la cual está por encima de cualquier apreciación personal que tenga. Sobre mi vida personal, no tiene por qué ser ventilada ante la comunidad, lo que sí puedo acreditar es que mi registro civil no tiene la opresión de matrimonio, y en este momento no estoy conviviendo con nadie, y mi estado civil es soltero, lo que puede ser acreditado en cualquier notaría o en la Registraduría. Todo lo que uno alega debe estar fundamentado en material probatorio y lo que no se acredita con la prueba y no se demuestra, pues se entiende que es un pensamiento que tiene una persona y que es un calificativo que no se puede utilizar. Hay que advertir que el derrotero de la administración no puede ser el desprestigio, la desacreditación o deslegitimación, cuando existen unas acciones jurídicas para defender una posición, un escenario procesal. Hemos tenido un ejercicio transparente y puedo destacar que en el 2021 se ha recaudado, a la fecha, más de $1.057 millones que se encuentran consignados en una cuenta del Distrito. Una cifra que en los más de 60 años de la Contraloría no se había dado sino hasta hoy. Estoy dedicado es a trabajar”.
Por último, ante la pregunta de si se volverá a presentar en el concurso de contralor, que se acaba de abrir, respondió: “Las convocatorias son públicas y como ciudadano tengo el derecho a presentarme. Si considero que tengo el mérito, lo haré, aunque todavía no he decidido si me voy a presentar o no”. Lea aquí: Concejo abre convocatoria para elegir contralor Distrital de Cartagena
Respecto al embargo de cuentas personales del alcalde y 42 funcionarios del Distrito por el presunto pago irregular de gastos de representación, el contralor dijo: “En el 2019 y 2018 mediante auditoría, la Contraloría había advertido a la administración que no se podían cancelar erogaciones salariales por conceptos de gastos de representación a funcionarios distintos al alcalde, y que en comunicación que fue copiada a la Contraloría, la Función Pública le comunica a la doctora Margarita Casas como directora administrativa de Talento Humano, que no pueden seguir pagando gastos de representación, y señala varios fundamentos”.
Alegó que las indagaciones dejan ver un presunto daño patrimonial y que el Distrito tendrá las garantías en el proceso de defensa.
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