Política


Caso Curi: mencionan a más nombres conocidos de la política local

La Fiscalía asegura que hubo un despilfarro de recursos públicos a favor de cuotas políticas de concejales en 2016, a través de contratos y firmas “falsas”.

Luego de reanudarse la audiencia de imputación de cargos contra el exconcejal Javier Curi y otros siete procesados por presuntas irregularidades en más de 80 Órdenes de Prestación de Servicios en 2016. La Fiscalía precisó que estos contratos fueron la moneda para pagar cuotas políticas a exconcejales.

La fiscal Liliana Velázquez hasta el momento solo ha imputado cargos a Javier Curi y al abogado Roberto Barboza, jefe del área administrativa del Concejo en esa época. Los delitos por los que la funcionaria pide una condena son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Lea: Los 4 exconcejales mencionados en la última audiencia contra Javier Curi

El pasado lunes, cuando inició la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía relacionó a cuatro exconcejales como “padrinos políticos” de las personas contratadas de forma irregular.

En esa ocasión, Velázquez habló de cómo los contratistas eran seleccionados por estar “respaldados” de los concejales. “Estos contratos se hicieron para favorecer a los concejales del momento”, aseguró.

El primero, de las decenas de OPS que la Fiscalía considera que fueron irregulares, fue la de Orlando Jr. Díaz, quien sería apadrinado por el exconcejal Ronald Fortich, hoy en campaña para regresar al Concejo por el Partido de la U.

Para favorecer, según el concepto del ente acusador, a Américo Mendoza, primer vicepresidente del Concejo en 2016, se contrató a Moises De la Cruz Gómez, de junio a diciembre de ese año, por $ 3.600.000, que no quedó claro si fueron mensuales o por todo el contrato. Lea además: Captura de exconcejal Javier Curi: se conocen más detalles y nombres

En el caso de beneficiar a posibles cuotas políticas de la exconcejala Angélica Hodge, el Concejo contrató a Rafael Díaz Cano ($12 millones) y a Oswaldo Enrique García Alcalá ($9 millones), “quienes realizaban las mismas funciones de un solo cargo”, según la Fiscalía.

Además, la fiscal Velázquez mencionó el Contrato 320 suscrito con Laura Rosales Vázquez por $ 6.360.000 para favorecer, al parecer, a Antonio Salim Guerra, exconcejal de Cambio Radical.

Firmas falsas e informes chimbos

La fiscal Velázquez Trespalacios en estos momentos explica cómo se fraguó el presunto entramado de corrupción en el que Javier Curi y Roberto Barboza tuvieron roles cruciales.

Curi, según la fiscal, como representante legal del Concejo (era el presidente de la Mesa Directiva) ordenaba el gasto, iniciaba las convocatorias y autorizaba los pagos; y Barboza, como supervisor de los contratos proyectaba una incoherente elaboración de los estudios previos, sin soportes y sin describir de forma clara las funciones ni los requisitos de experiencia ni los perfiles profesionales, y, posteriormente, certificaba los informes de gestión y las cuentas de cobro de las personas, incurriendo ambos en los delitos que se les imputan.

Para la Fiscalía, con las más de 80 OPS que se investigan se vulneraron los principios de la administración pública: economía, planeación, responsabilidad, eficiencia, imparcialidad y moralidad.

Según lo expuesto por la fiscal, en la era Curi - Barboza en el Concejo se contrató a personas con criterios subjetivos, “buscando favorecer la burocracia y las cuotas políticas”. Se contrató más personal del necesitado, incluso hubo contratos con una duplicidad de funciones (personas contratadas para hacer lo mismo), iguales actividades se pagaban de forma diferente y no se atendieron las necesidades prioritarias de la entidad.

“Eso constituyó un despilfarro público La contratación pública se debe hacer con respeto a los recursos públicos, los cuales deben ser maximizados, planificados y su gasto justificado. Se contrataron actividades que no estaban en los estudios de necesidad del Concejo, como por ejemplo, contadores, electricistas y técnicos de computación. Es obvio que la contratación pública es dinámica, pero si surge una necesidad hay que justificarla previamente, según la ley de la contratación pública, y eso no pasó en 2016. La única excepción es la urgencia manifiesta”, precisó Velázquez en la audiencia.

La Fiscalía acusa que para el engranaje del presunto entramado de corrupción fue necesaria la falsedad en documentos. Velázquez aseguró que en todos los contratos investigados, Barboza certificó falazmente actividades sin aportar evidencias o soportes de la ejecución real de las mismas.

Además, uno de las cuentas de cobro de uno de los contratos fue firmada por Joyce Escorcia Bonfante, exasistente de Curi, por orden de este último, y no por el contratista. Eso señaló la Fiscalía.

En uno de los contratos el departamento grafológico de la Fiscalía demostró que en varios informes de gestión y cuentas de cobro se falsificaron firmas, luego de cotejar los documentos con las hojas de vida de los contratistas. Un proceso que, según Velázquez, se estandarizó para armar un paquete que repetitivo para dar visos de legalidad a una situación ilícita. “Contratos fantasma, de papel”, describió la fiscal.

Blel, Barrios, Montero y otros

El primero de los contratos mencionados en la audiencia fue el de Antonio de Jesús García González, contratado entre septiembre y diciembre de 2016, quien según la Fiscalía era cuota de la exconcejala Duvinia Torres Cohen del partido de la U.

Otro de los contratos fue para Ricardo César Socarrás Benedetti, contratado el 8 de septiembre de 2016 por tres meses con una cuantía de $4.500.000. La fiscal indicó que su perfil, como técnico de computación, no fue requerido ni planteado en los estudios de necesidad del Concejo. Este contrato contó con el mismo trámite irregular y falso, según el concepto del ente acusador, que todos los demás.

Según la Fiscalía, Socarrás Benedetti era cuota de Vicente Blel Scaff, concejal en 2016 y hoy gobernador de Bolívar.

En el contrato de Aracely Yepes Medina, proceso firmado el 9 de agosto de 2016 por tres meses con una cuantía de $3.600.000, también se violó toda legalidad al respecto, según el ente acusador. Esta mujer, según Velázquez, era ficha del actual concejal y candidato a reelegirse Carlos Barrios, del partido Cambio Radical.

Otros exconcejales mencionados fueron William Pérez, de la U, quien supuestamente apadrinaba a la contratista María Claudia Cañate Cáceres, y el liberal David Dáger Lequerica, cuya cuota sería Mercedes Coneo Bobadilla. Este último contrato por $4.800.000 tenía las mismas funciones que otros contratistas, pero con un diferente valor en el pago de sus honorarios.

Además de los nombres anteriormente relacionados por la Fiscalía, Velázquez agregó a Erich Piña Félix y Jorge Useche Correa y Lewis Montero Polo, actual presidente del Concejo.

La fiscal aportó más nombres de contratistas en estos procesos de selección presuntamente “irresponsables, ineficientes e inmorales”, según los principios de la administración pública, en los que Barboza generaba la necesidad y Curi autorizaba la disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal: Dustin Rojas Merlano ($4.500.000), Yessenia Isabel Solano León ($3.600.000), Luz Elena Navas Mejía ($1.000.000) y Maryoris Quintana Almeida ($4.000.000)

Un caso grave, según Velázquez, fue el de Linda Camacho Olave, abogada que firmó un contrato por un mes con un valor de $3.000.000; sin embargo, en su informe de gestión las actividades eran las mismas que otros contratistas copiaron en sus registros, evidenciando un plagio al no haber evidencias ni soportes de las funciones ejecutadas. Todo certificado por Roberto Barboza.

La audiencia sigue y la fiscal es radical cuando habla de la presunta falsedad que rodeó a todas las OPS hoy en revisión por la justicia. “Todos fueron procesos ambiguos, irregulares y confusos. Curi y Barboza conocían que los contratistas no cumplieron con sus deberes y siempre se buscó la apariencia de legalidad de forma indebida, incurriendo en peculado a favor de terceros”, sostuvo Velázquez.

La funcionaria se reiteró en los delitos que imputó: falsedad en documento, contrato sin cumplimiento, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

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