La Contraloría Distrital de Cartagena, por un proceso de responsabilidad fiscal, embargó las cuentas personales del alcalde William Dau y de 42 de sus funcionarios y exservidores públicos de la Alcaldía el pasado 10 de septiembre. La solicitud provocó controversia, debido a que el ente de control fiscal informó a varias entidades bancarias de su para que procedan con la retención de dineros como medida cautelar.
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La decisión se dio ante una investigación por un presunto detrimento de más de $1.600 millones, que habría causado el pago de gastos de representación a los procesados por sus labores en la administración. Posterior a esa acción, el equipo jurídico del alcalde Dau solicitó a la Contraloría General de la República que le quitara funciones al ente de control distrital por “ineficiencia”, y que las competencias de control y vigilancia del respectivo proceso en su contra se hicieran desde Bogotá.
Dau sostuvo que el contralor Rafael Castillo Fortich estuvo envuelto en hallazgos de responsabilidad fiscal en el año 2020: “En la auditoría realizada en el 2020 a la Contraloría Distrital de Cartagena, se encontraron hallazgos administrativos en relación con el nombramiento de Castillo Fortich como director técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales. Esta situación afecta la imparcialidad de las investigaciones”.
Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, respondió de manera positiva la solicitud interpuesta por el abogado del alcalde Dau, Iván Acuña, de que sea el ente de control nacional el que asuma la investigación fiscal contra el burgomaestre y los otros imputados, a través de su Gerencia en Bolívar.
Pese a liberar del proceso a 40 sindicados, la entidad imputó culpa grave a Dau y a Martha Carvajal y Adelfo Doria, como exjefes de Talento Humano operadores de la función nominadora, teniendo en cuenta que validan la nómina. Es decir, autorizaron pagos de esos gastos de representación a los demás procesados. Los tres imputados tuvieron, segun el ente, responsabilidad fiscal a título de culpa grave, al incurrir en un daño al patrimonio público por cerca 1.074 millones de pesos.
La entidad de control soportó su decisión con pruebas y documentos recabados por el grupo auditor, las cuales pueden ser controvertidas por los vinculados; pero, recalcando que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
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La nueva solicitud
El capítulo más reciente de este proceso es la solicitud de la defensa jurídica de Dau a la Contraloría para que se levanten los embargos, pues la entidad reseñó que a los funcionarios se les violó el debido proceso. El abogado del alcalde Dau, Jorge Iván Acuña, recalcó esta petición ante la directora de Investigación número 3 de la Contraloría General Delegada para la Responsabilidad, Intervención judicial y cobro coactivo, Helena Patricia García Maya.
El abogado Acuña en su solicitud recuerda que se debe tener en cuenta que la Contraloría General de la República mediante Auto 00079 del 26 de enero 2022 decretó la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal No. 090 de 2021, abierto por la Contraloría Distrital, y como consecuencia ordenó el levantamiento inmediato de la totalidad de las medidas cautelares y el desembargo de los bienes de los afectados.
“Esta solicitud, aunque ya fue ordenada por medio del Auto 00079 del 26 de enero de 2022, proferido por la Contraloría delegada para la responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo que Ud. Representa, no se ha tenido en cuenta por parte las entidades bancarias que hicieron efectivas las medidas cautelares de embargo pertenecientes a mis representados”, explicó el abogado Iván Acuña.
El Auto 00079 del 26 de enero de 2022, proferido por la Contraloría General, declara la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal No. 090 de 2021 por la comprobada existencia de irregularidades por parte de la Contraloría Distrital que afectaron el debido proceso de los investigados, por lo que se solicita el respeto al debido proceso y que se levanten de inmediato los embargos, por parte de la defensa del alcalde Dau.