Política


Ediles locales acusan de presunto prevaricato al Distrito y al Concejo

Aseguran que los recursos que los Fondos de Desarrollo Local deben recibir del presupuesto distrital, según la Ley, no están llegando de la manera reglada.

María Bernarda Sayas, edilesa y portavoz de las Juntas Administradoras Locales (JAL) de las tres localidades de Cartagena, indicó a este medio que la Alcaldía de Cartagena, por medio de la Secretaría de Planeación, y el Concejo Distrital, podrían estar prevaricando al no reconocer la descentralización óptima de los presupuestos de cada localidad. (Lea: “Fortaleceremos las fiestas novembrinas junto a los concejales”: IPCC)

Es por esto que todos los ediles locales de la ciudad han interpuesto recursos legales, como tutelas ante juzgados administrativos, para evitar que: “El Distrito siga cercenando los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) aplicando el Decreto 2388 y que bajo toda legalidad es inconstitucional. Por eso lo demandaremos, debido a que esta administración ha dejado prácticamente sin recursos a las localidades. ¿Y la pobreza? Seguirá creciendo significativamente en las comunidades si las cosas siguen igual”, expuso Marcia Escobar Gale, edilesa de la Localidad 2.

El presunto prevaricato

Sayas precisó que desde que se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1617 de 2013, no ha existido voluntad política de la Alcaldía y del Concejo para reglamentarla. “El Ministerio de Hacienda estableció en el articulo 64 de la Ley 1617 cómo deberían aprobarse los montos en los presupuestos distritales que irán a los FDL. Un fondo que debe tener patrimonio autónomo y personería jurídica, según el Decreto 2388 de 2015, pero a la fecha no se le está dando aplicación y todo se aprueba contrario a la Ley”, indicó la edilesa Sayas, también de la Localidad 2.

Por otro lado, según Sayas, en el artículo 64 de la Ley 1617 se indica que cada una de las localidades debe tener una participación de no menos del diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto distrital. “Pero eso no se está asignando a las localidades”, precisó. En síntesis, a los ediles les resulta inconstitucional el Decreto 2388 de 2015 porque en uno de sus artículos permite a los alcaldes del orden distrital que puedan computar sus obligaciones con las localidades con inversiones físicas.

“Consideramos que este decreto, además de ser nefasto, el Distrito lo está aplicando de forma indebida o interpretándolo mal”, aseveró Sayas.

Y subrayó: “Incluso, ya hoy ni se computa un mínimo de inversiones físicas para cumplir con el decreto, sino que se está generalizando de tal manera que para el caso de la vigencia 2023 la Alcaldía computó, en el orden distrital, un 70% que por Ley le corresponde a los FDL y solo un 30% fue enviado a las localidades. Con ese monto reducido tuvieron los alcaldes locales que dar cumplimiento a todas las metas del Plan de Desarrollo. Algo imposible”.

Para los ediles, esto es centralización “pura y dura”, yendo en contravía de la evolución del Estado de derecho y el impulso moderno de la descentralización administrativa, para que los recursos lleguen con mayor celeridad y eficacia a los territorios. “Donde más se necesitan y donde hay más necesidades básicas insatisfechas. Están dando una aplicación indebida, convirtiendo en regla general lo que es una excepción de la Ley”, apuntó la edilesa.

A la pregunta sobre la finalidad que buscaban con esta cruzada jurídica, debido a ciertas voces que describen a los recursos que buscan gestionar para sus localidades como “frutos apetecibles”, los ediles aseguraron que lo que pretenden es defender los recursos de sus FDL. “Por lo menos que se mantengan en no menos del 10% del presupuesto y con un incremento anual del 2%, como dice la Ley. De no hacerlo Planeación, el Concejo tiene las facultades. Acá lo que se busca es desarrollo social y no engordar los bolsillos de los ediles, por lo que pedimos una mejor interpretación de la norma por parte del Distrito”, aseguró Sayas.

Imposible
“Considero que manejar una localidad con menos recursos de los que debe disponer, sin autonomía ni descentralización, afecta su funcionamiento. Así es imposible que el desarrollo llegue a los barrios”, indicó María Bernarda Sayas, edilesa Localidad 2 de Cartagena.

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