Este 26 de agosto vence la Resolución 20243040034865 del Ministerio de Transporte, por medio de la cual se suspendió el cobro de la tarifa en el peaje de Turbaco para los vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas). Aún así, el panorama sigue siendo incierto.
Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) socializó la propuesta de una tarifa diferencial para reactivar el cobro, la comunidad sigue manifestando su rechazo y pide el desmonte del peaje asegurando que perjudica al municipio.
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Frente a esto, la Contraloría General de la República hizo una alerta, pues aseguró que la falta de recursos para financiar el proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, podría derivar en la liquidación anticipada del contrato con la concesión Autopistas del Caribe, a la cual le fueron adjudicadas las obras en el 2021.
“La Contraloría General indica que este contrato de concesión vial de iniciativa privada ha debido pasar a la etapa de construcción desde abril de 2023, pero sigue sin iniciar obras y presenta un alto riesgo de terminación anticipada”, manifestó la entidad en un comunicado.
El ente de control recordó que la financiación de este proyecto fue estructurada a través del recaudo en seis peajes existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y uno nuevo que estaría ubicado en Arroyo de Piedra, sin embargo, esto no se ha podido implementar.
“No se han logrado cumplir los plazos establecidos, debido a dificultades con el funcionamiento de dos de las siete estaciones de peaje previstas: Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva). Lo anterior ha generado la activación de riesgos tarifarios con cargos a la Nación, debido a la oposición de las comunidades de Turbaco y Luruaco a pagar las tarifas diferenciales propuestas por el concesionario y la ANI”, dijeron.
La Contraloría indicó que la suspensión del cobro para las categorías I y II en el peaje de Turbaco y el retraso en la construcción del peaje de Arroyo de Piedra han ocasionado el pago de compensaciones cercanas a los $153 mil millones al concesionario.
“Preocupa mucho que de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el concesionario y las comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y en consecuencia podría entrar en causal de liquidación anticipada, obligando a un cuantioso pago adicional al concesionario de hasta $400 mil millones, también sin haberse construido las obras previstas”, puntualizaron.
Por esta razón, el contralor Carlos Hernán Rodríguez solicitó al Ministerio de Transporte y a la ANI hacer las gestiones necesarias para encontrar una solución.
Piden prórroga
Desde el Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes esperan que el Ministerio de Transporte expida una nueva resolución prorrogando la suspensión del cobro para las categorías I y II en el peaje de Turbaco, con el fin de que continúen las mesas de trabajo con la comunidad, que insiste en el desmonte de las casetas.
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“Esperamos que el Gobierno tome una decisión definitiva y liquide ese contrato en favor de todas estas comunidades golpeadas por contratos leoninos y sobre facturados. No estamos en contra de los peajes, pero sí de los abusos y la corrupción que se ciernen sobre cada uno de estos mal llamados proyectos de inversión”, afirmaron.
Sobre el proyecto
El proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla comprende la operación y el mantenimiento de 253 kilómetros de vías existentes y además, la construcción de nueve unidades funcionales o tramos que incluyen dobles calzadas, variantes e intersecciones a nivel y desnivel, por un valor aproximado de $4,3 billones.
El contrato de concesión fue adjudicado en el 2021.