Las comunidades de los cascos urbanos, veredas y corregimientos de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal del Sur están en alerta por el incremento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona, tales como el ELN, las disidencias de las FARC, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
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Por este motivo la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 034 del 2023, en la cual entregó 38 recomendaciones a las autoridades con el fin de proteger a la población.
“Cuando se enfrentan estos tres grupos armados ilegales no solo ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, ya que quedan en medio de las confrontaciones armadas, además generan riesgo de desplazamiento o confinamiento”, advirtió Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
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En el documento de la alerta temprana se detalla que los tres grupos armados se están disputando el control territorial, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales derivadas de la extorsión. A pesar de esto, en algunas zonas se han dado acuerdos entre el ELN y las disidencias de las Farc, por lo cual los dos grupos coexisten en algunos corregimientos o veredas.
“Las extorsiones son otra práctica que afecta gravemente los derechos fundamentales de las comunidades, que están expuestas a amenazas y desplazamientos forzados en caso de no acceder al pago. Es importante que las AGC han logrado posicionarse en la zona mediante intimidaciones a la población civil”, añadió Camargo.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el escenario de riesgo en estos municipios se incrementó luego de que los frentes 4, 24 y 33 de las disidencias de las FARC decidieran retomar el control territorial de la zona, lo cual coincidió con la expansión de las AGC y su ingreso a un sector con dominio histórico del ELN.
Según la entidad, las AGC han tercerizado sus acciones y apoyan táctica y financieramente a grupos criminales como Los España, Los Carburadores, Los Gomelos, entre otros. Estas estructuras manejan la distribución y comercialización de estupefacientes y realizan labores de vigilancia y cobro de extorsiones.
La confrontación armada entre estos tres grupos tiene atemorizada a la población, por lo cual desde la Defensoría del Pueblo exhortaron a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.