Bolívar


Sur de Bolívar: entre la violencia y la fragilidad institucional

La situación de orden público en esta zona del departamento se ha venido agravando con el paso de los años. Hay preocupación por las elecciones regionales.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

27 de agosto de 2023 12:00 AM

Son varias las alertas que se han emitido con relación a la situación de orden público en el sur de Bolívar, asociada a la presencia de grupos al margen de la ley que ejercen actividades delictivas en el territorio, conformado por 24 municipios.

Aún así no han sido suficientes las acciones que se han realizado para tratar de mitigar la violencia, que, por el contrario, ha crecido vertiginosamente con el paso de los años.

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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esta zona, en el año 2020 se registraron 83 homicidios; en 2021, la cifra ascendió a 97; y en 2022 se reportaron 123. En cuanto a lo corrido de este año, entre enero y julio ya se cuentan 88 asesinatos. Los municipios más afectados son San Pablo, Magangué, Santa Rosa del Sur y Simití.

Esta situación fue advertida por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe (IIEC) de la Universidad de Cartagena, que en alianza con la Pastoral Social de la Diócesis de Magangué y organizaciones de la sociedad civil, realiza una investigación sobre las dinámicas de violencia y vulneraciones a los derechos humanos en el sur de Bolívar. El estudio es liderado por el director del IIEC, Amaranto Daniels Puello, y el investigador Francisco Méndez Beltrán.

“Consideramos que una de las zonas neurálgicas del departamento y que afecta a otras áreas de Colombia como el sur del Cesar, el sur de Santander y parte de Antioquia es el sur de Bolívar. Queremos tratar de entender por qué hay ciclos de violencia recurrentes y por qué el Estado no ha logrado tener la soberanía territorial, a pesar de la presencia de cinco batallones de la Fuerza Pública y de la Policía en las zonas urbanas”, indicó Daniels.

Actualmente en el sur de Bolívar tienen injerencia grupos como el ELN, el cual controla la zona minera de la Serranía de San Lucas. También hace presencia el Clan del Golfo que controla la zona de Tiquisio y sus alrededores, e igualmente facciones disidentes de las antiguas FARC.

Una zona vulnerable
El investigador sostiene que la subregión del sur de Bolívar históricamente ha estado arraigada a procesos de violencia, comenzando por que se trata de una zona que es fruto de la colonización y la expansión de la frontera agrícola, al igual que de los desplazamientos que dejó la violencia bipartidista de los años 50 y que facilitó la población de territorios como Santa Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Cantagallo, entre otros.

“En Santa Rosa del Sur, por ejemplo, gran parte de la población es de origen santandereano, boyacense y antioqueño. Esto se mezcla con la gente del sur del Cesar e incluso de Norte de Santander. Es una mezcla de identidades étnicas, valores y costumbres en donde el Estado ha hecho muy poca presencia en la prestación de los servicios esenciales como soporte para su calidad de vida”, indicó.

Esto provocó en el pasado que las mismas comunidades se movilizaran en reclamo de sus derechos fundamentales, tal como ocurrió con las marchas campesinas de 1985, cuando los habitantes se tomaron el Parque Centenario, en Cartagena, durante dos meses. Tras esto, se planteó un plan de obras de acueducto, energía, vías e infraestructura que fueron desarrolladas por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y otras entidades estatales. Sin embargo, no todo fue subsanado y en 1996 las comunidades de San Pablo, Morales y Cantagallo se volvieron a movilizar.

Queremos tratar de entender por qué hay ciclos de violencia recurrentes en el sur de Bolívar y por qué el Estado no ha logrado tener la soberanía territorial”

Amaranto Daniels Puello, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe.

El investigador explica que en esta época nuevamente se desarrolló un plan de trabajo, pero la llegada del paramilitarismo a finales de la década de los 90 interrumpió todas las acciones en favor de los territorios. En ese entonces se dieron desplazamientos masivos principalmente hacia Barrancabermeja (Santander).

De acuerdo con el IIEC, todas estas situaciones han incidido en que hoy en el sur de Bolívar exista una fragilidad institucional que contrasta con la gran riqueza natural que emana este territorio. Magangué, por ejemplo, durante los años 90 y 2000 era una fuerte agroindustria con productos como el arroz, el maíz y actividades como la pesca.

88
homicidios se han registrado este 2023 en el sur de Bolívar.

Así mismo, según la Agencia Nacional de Minería, hasta el año 2017 se contaban 380 títulos mineros vigentes, por lo que este sector también es clave en el territorio. Sin embargo, en los últimos años también se ha tenido que lidiar con la siembra de cultivos ilícitos, de los que se estima que hay más de 3 mil hectáreas.

Todo este contexto ha facilitado la vulnerabilidad de la zona, en la que a pesar de los años persisten las necesidades básicas insatisfechas. “El Estado colombiano hace una presencia diferenciada en el territorio, a nivel de las cabeceras, pero en las zonas rurales no tiene soberanía. No ha habido una política pública de seguridad que garantice el fin de la violencia ni la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía”, aseguró Daniels.

Modelo de seguridad integral
Según el IIEC, la situación de orden público en el sur de Bolívar obliga a que el Estado replantee su relación y su capacidad de repuesta, no solo desde el Gobierno nacional sino desde las gobernaciones y alcaldías, que también son responsables sobre el territorio.

“Las estrategias que se han utilizado para mejorar la seguridad ya han sido superadas por los actores armados. Los consejos de seguridad no logran tener una radiografía de lo que pasa. La fragilidad institucional es el detonante frente a lo que sucede”, manifestó el investigador.

En este sentido, indicó que lo que debe plantearse es un modelo de seguridad territorial que además de hacerle frente a los actores armados, se preocupe por fomentar el desarrollo de las comunidades teniendo en cuenta el ordenamiento del territorio.

El sur de Bolívar es un territorio rico en recursos naturales donde predominan actividades como la agricultura y la minería.

“Se requiere un sistema educativo que permita apuntalar las vocaciones de la zona en la parte agroalimentaria, de explotación minera -con responsabilidad ambiental frente al cambio climático- y todo lo que significa el territorio. Un sistema educativo que garantice la formación de ese capital humano”, indicó.

Así mismo, aseguró que es importante que la intervención sea subregional, es decir que los gobernadores de Bolívar, Cesar y Santander, que son los departamentos que tienen injerencia en la zona, hagan una alianza sobre las obras prioritarias para mejorar los canales de comunicación y concebir a los cuerpos de agua no solo como vías sino como un factor de desarrollo.

Por último, resaltó que se requiere que el empresariado nacional mire hacia estas zonas para también brindar oportunidades a las comunidades que viven allí, teniendo en cuenta que conforman un tejido social muy importante. “Se necesita que haya dolientes y administraciones departamentales que piensen en la gerencia del territorio”, puntualizó.

Las elecciones regionales

La situación actual de orden público en el sur de Bolívar se convierte en una preocupación de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. De hecho, la Defensoría del Pueblo advirtió que nueve municipios de esta subregión están en riesgo extremo: Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Río Viejo, Norosí y Montecristo.

“Con los niveles de homicidios que estamos viendo, las amenazas a líderes sociales y demás, creo que se hace necesaria la creación de un puesto de mando unificado en zonas como San Pablo y Mangangué donde están los mayores sitios de violencia homicida y crear una estrategia con las comunidades para preservar que haya unas elecciones donde se pueda votar libremente y no con niveles de coerción por parte de los actores armados ilegales”, indicó Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe.

Así mismo, exhortó al Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes a crear una comisión permanente e implementar un plan de choque en el sur de Bolívar que garantice el derecho a la vida y a las elecciones en el territorio.

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