Alcaldes y Gobernadores serán los encargados de implementar en sus respectivos territorios, la estampilla para la justicia familiar, un impuesto creado por la Ley 2126 de 2021 como un mecanismo para financiar y mejorar la infraestructura y las capacidades de gestión de las más de 1.500 Comisarías de Familia que operan en el territorio colombiano.
Con estos dineros, las comisarías podrán cubrir sus gastos del personal de nómina, dotación y funcionamiento, pues, tal como lo reconoció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al presentar en Montería los ‘Lineamientos para la Implementación de la Estampilla para Fortalecer las Comisarías de Familia’, en Colombia las comisarías de familia son pocas y están mal dotadas. Lea también: Garantizan navegabilidad en el canal del acceso al Puerto de Barranquilla
“Hay muy pocas comisarías de familia, necesitamos más. La ley dispone por lo menos una en cada municipio y una por cada 100.000 habitantes. No tenemos ese número, pero las que tenemos están muy mal provistas, lo admito”, dijo el ministro.
Los ‘Lineamientos para la Implementación de la Estampilla para Fortalecer las Comisarías de Familia’, son una guía elaborada por el Ministerio de Justicia con el apoyo de Usaid, para orientar a las alcaldía y gobernaciones en este proceso de implementación.
“Confiamos en que si eso comienza a funcionar, las comisarías de familia tendrán una forma real para proteger a los niños, niñas, adolescentes y mujeres”, agregó el ministro.
Una institución esencial pero carente de recursos
En general, todas las comisarías de familia del país enfrentan dificultades por falta de recursos, pero, en especial, son las de municipios de sexta categoría (que son la mayoría de los que existen en el país), las que están en peores condiciones.
Fabián Darío Pérez, comisario de Familia de Tarazá (Antioquia), asistente al lanzamiento de los lineamientos, expresó: “Todos estos municipios que son de sexta categroría no cuentan con un equipo interdisciplinario completo. Esta estampilla puede darnos los recursos y coadyuvar a que las comisarías cuenten con los equipos necesarios para atender a las comunidades”.
En esa misma dirección, Daniela Revelo, Trabajadora Social de la Comisaría de Familia de Caucasia, cuenta la situación que allí se vive: “En el servicio que prestamos a la comunidad a veces quedamos un poco cortos para que sea un verdadero garante de la justicia para las personas que vienen a nuestra institución. No tenemos personal suficiente para cumplir con los requerimientos que tiene la comunidad, pues cuando se llega a fin de año y se terminan los contratos de prestación de servicios se nos van los abogados de apoyo que hacen la parte jurídica, así como la psicóloga y pasan hasta varios meses para que se les vuelva a renovar los contratos”. Lea también: Confirman nuevo hallazgo de gas en Córdoba
Yeni Paternina Pereira, representante legal de la Fundación Abrigando Sueños, con sede en Tierralta, Córdoba, pero cuyo espectro de atención se centra en diversas regiones del país, narra otros aspectos que afectan el buen servicio de las comisarías: “Nuestro municipio tiene un alto índice de violencia sexual, y faltan equipos interdisciplinarios y de infraestructura. En los espacios físicos no se cuenta con la privacidad para que las víctimas puedan acudir de manera confiable y tranquila a dar a conocer su caso, además no cuentan con los equipos necesarios, hay muchos casos para denunciar, pero los profesionales que hay no tienen manera de atenderlos”, puntualizó.
Durante su presentación, el ministro Osuna destacó la importancia que tienen para el país las comisarias de familia, pero señaló: “el cariño se expresa con recursos públicos. Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, diputados y diputadas expresen su cariño hacia los niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias con este tributo para fortalecer las comisarías de familia”.
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