La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), tras las denuncias de la exconsejera para la Reconciliación Eva Ferrer Galcerán sobre presuntas irregularidades relacionadas con el uso de una aeronave oficial.
Las declaraciones, entregadas por Ferrer Galcerán en una entrevista con la revista SEMANA, incluyen señalamientos contra Verónica del Socorro Alcocer García, a quien la exfuncionaria atribuyó supuestos movimientos de dinero y posibles traslados de cargamentos ilícitos entre Colombia y Venezuela.
Según el testimonio, Alcocer habría utilizado el avión asignado a la Presidencia para transportar cerca de 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. Estas afirmaciones no constituyen hechos probados y deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
¿Por qué la Procuraduría investiga el uso del avión presidencial?
La indagación previa busca establecer si ocurrieron las anomalías denunciadas sobre el eventual transporte no autorizado de dinero en efectivo y sustancias prohibidas en vuelos oficiales que habrían cubierto trayectos fronterizos.
La actuación involucra al DAPRE y a la FAC, entidades relacionadas con la administración y operación de los recursos aéreos oficiales. El propósito de esta etapa es verificar la información disponible y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar en las actuaciones disciplinarias correspondientes.
Por ahora, las acusaciones expuestas por la exconsejera deben entenderse como señalamientos pendientes de verificación, sin que la apertura de la indagación implique una conclusión sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
¿Qué dijo Estados Unidos sobre las sanciones a Verónica Alcocer?
La controversia también tomó relevancia por las declaraciones de voceros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la cadena NTN24, en las que ratificaron que Alcocer continúa en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En ese contexto, se recordó que su designación como embajadora en misión especial fue anulada por la justicia colombiana al considerar que contravenía la prohibición constitucional de nepotismo establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.
¿Qué respondió el Gobierno colombiano ante las denuncias?
El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió que las autoridades competentes examinen los señalamientos con independencia y respeto por las garantías legales.
“todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues tiene que haber una investigación; ahí respetamos nosotros la autonomía de la Fiscalía”, manifestó el funcionario.
También advirtió sobre la importancia de preservar el debido proceso: “lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso”.
Por su parte, Manuel Aguilera, director de República USA, señaló que la lucha contra la narcopolítica y las presuntas conexiones delictivas en el continente es un asunto prioritario para la Casa Blanca. Según indicó, habrá seguimiento a los resultados que se conozcan en las próximas semanas.
Las investigaciones y verificaciones oficiales serán determinantes para establecer el alcance de las denuncias y esclarecer si existieron irregularidades en el uso de recursos del Estado.
