Una demanda colectiva que busca amparar los derechos de 25 familias sobre igual número de predios rurales en el municipio de Corozal (Sucre), fue interpuesta ante la justicia por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Los predios están ubicados en el corregimiento San José de Pileta, se desprenden de uno de mayor extensión denominado Guaypi, que fue adjudicado en 1982 por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, a unas 30 familias campesinas.
(Lea aquí:URT articulan acciones por restablecimiento de derechos a campesinos)
Aunque la entidad, en su momento, formalizó las tierras de manera individual, los campesinos las explotaron mediante el trabajo organizado en comunidad, lo que les permitió constituir una cooperativa a la que llamaron Empresa San José de Pileta.
Según los fundamentos de hecho de la demanda, el proyecto productivo comunitario se frustró en los años 90 cuando las familias empezaron a sufrir el hostigamiento constante por parte grupos armados ilegales que cometieron robos, amenazas y abigeato en la zona
Debido al asesinato de varios campesinos del corregimiento, los solicitantes abandonaron sus tierras y, posteriormente, decidieron venderlas para cubrir sus necesidades luego del desplazamiento forzado.
“Con esta demanda queremos reparar a cada familia y restablecer esos lazos de solidaridad productiva que tuvieron en su momento, ahora ya se trata de adultos mayores y sus hijos que quieren recuperarla, al igual que la producción de alimentos y lácteos”, manifestó el director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, Mauricio Martínez Rivillas.
Las pretensiones que la Unidad apuntan también a la reparación integral y diferencial de las familias y al goce efectivo de sus derechos en condiciones de dignidad y seguridad.
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