También plantean la posibilidad de demandar al Estado señalando que no son responsables de los malos manejos que han dado a los proyectos productivos.
Cerca de 400 de los 2.500 desmovilizados de las autodefensas que hay en Córdoba ‘amenazaron’ con volver a las armas si el Estado les deja de pagar los subsidios.
De igual forma indicaron que están dispuestos a demandar al Estado si el Gobierno insiste en suspender los subsidios que recibían algunos excombatientes incluidos en proyectos productivos.
Reconocieron que están recibiendo ‘ofertas’ de las bandas criminales que operan en esta sección del país y que ante la imposibilidad de obtener recursos para sostener a sus familias lo estarían pensando.
El obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, se ha referido en varias oportunidades al tema señalando que el Estado debe brindar todas las garantías a los desmovilizados para que no vuelvan a delinquir.
“Ellos son mano de obra calificada que ningún grupo al margen de la ley estaría dispuesto a despreciar”, indicó el obispo señalando que tienen la preparación para delinquir.
Ceferino Cordero, uno de los desmovilizados, indicó que se hace necesario buscar alternativas de solución para evitar que los ex combatientes de las autodefensas tengan que volver a delinquir ante la falta de recursos.
En Córdoba aún no se ha cuantificado el número de desmovilizados que hoy integran las denominadas bandas criminales pero según los datos de la Alta Consejería para la Reintegración le han perdido el rastro a 6 mil de los 25 mil desmovilizados en Colombia.
Advierte que en el aso de Córdoba la cifra también está en el orden del 11 por ciento de desmovilizados que seguramente están en los mencionados grupos.
El Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Alejandro Eder, explicó que los beneficios de la ley 1424 que permite a la población desmovilizada conservar su libertad, podrá cobijar a unas 25 mil personas que se desmovilizaron de los grupos de autodefensas.
De esta población, 19 mil personas hoy en día hacen parte del proceso de reintegración que lidera la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración ACR, pero existen unas seis mil personas desmovilizadas que no se han presentado ante la Alta Consejería.
“Hago un llamado para que estas personas que no hacen parte hoy del programa de reintegración se acerquen a la Alta Consejería y se activen en el proceso, tiene plazo hasta el 28 de diciembre de 2011 para hacerlo, de lo contrario se exponen a perder su libertad”, destacó Alejandro Eder.
La Alta Consejería estima que unas 2.000 personas desmovilizadas de las 6.000 que no hacen parte del proceso, están trabajando, puesto que los reporta las bases de datos del Fosyga como cotizantes.
“No es válido pensar que todas las personas desmovilizadas que no hacen parte del programa de reintegración estén delinquiendo, sabemos que muchos están trabajando, habrá un porcentaje que haya vuelto a la violencia, pero no debemos estigmatizarlos a todos”, destacó el Alto Consejero.
