En un comunicado oficial, la Fiscalía informó sobre la judicialización de diez presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo, con operación en varios municipios de Bolívar.
Afirmó que los ahora investigados se encargarían de las extorsiones a comerciantes, ganaderos, finqueros, transportadores y contratistas de obras públicas. “Siete de los procesados fueron capturados durante diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional, en Magangué y Soplaviento (Bolívar)”, recalcó la organización.
Los capturados son Rafael Ricardo Ruggiero Romero, Edinson David Martínez Santos, Israel Antonio Ibarra Ramírez, Karen Lorena Díaz Sierra, Luis Miguel Correa Peña, José Gabriel Mendoza Carmona, Guillermo Enrique Pérez Álvarez, Luis David de la Cruz Ruíz, Diosith Rafael Caro Vega y Daniel Alberto Arroyo Olier.
La Fiscalía explicó que varios de los capturados ya se encontraban privados de la libertad por diferentes delitos y en procesos diferentes. “Ante jueces de Control de Garantías, una fiscal de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos y a nueve de los procesados les fueron impuestas medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario”, dijo. Lea: Esto se sabe de los dos carniceros atacados a palazos en 13 de Junio
En el caso de Karen Lorena Díaz Sierra estará bajo prisión en su lugar de domicilio. “De acuerdo con la investigación, los hoy procesados, quienes, al parecer, se identificaban como integrantes del Clan del Golfo, vendrían realizando exigencias económicas a estos ciudadanos. Entre las poblaciones afectadas se encuentran El Guamo, Zambrano, El Carmen de Bolívar, Córdoba, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Magangué, sus corregimientos y veredas”, agregó.
Sobre el modus operandi se supo que los presuntos extorsionistas se acercaban directamente a las víctimas y tras presentarse como miembros del Clan del Golfo, exigían cierta suma de dinero para que pudieran seguir con sus negocios y sus vidas.
Exigían un paco mensual, establecido, además afirmaban que con el pago oportuno ellos se encargarían de darle seguridad a sus familias, sus negocios y empleados, es decir, iban a cuidar los espacios físicos y la mano de obra, pero si no pagan, los asesinarían.