Con un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación informó que “presentó en juicio oral pruebas y argumentos que dan cuenta de la responsabilidad de los patrulleros Octavio Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard en el homicidio de un joven futbolista ocurrido el 24 de agosto de 2020, en Cartagena y otros hechos ilícitos posteriores”.
Añadió que “de acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violaciones a los Derechos Humanos, los tres integrantes de la Policía en ese momento llegaron a un lavadero de automóviles ubicado en el barrio San Francisco y golpearon al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio”.
“La víctima, quien pertenecía a una escuela de fútbol en Cali (Valle del Cauca) y estaba en Cartagena temporalmente, huyó del sitio para evitar la agresión. Los uniformados lo persiguieron y uno de ellos, el patrullero Porras Vides, lo alcanzó y le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió”, relató. Lea: A la cárcel fueron enviados policías implicados en muerte de Harold Morales
Más detalles del asesinato del menor de edad en San Francisco
Relató el ente acusador que “Olivo de Ávila y Gómez Ricard señalaron en los reportes oficiales que el deportista hacía parte de una pandilla y los había atacado con un arma artesanal, la cual obtuvieron y entregaron en cadena de custodia. Testimonios, diferentes labores de policía judicial y las pruebas de balística evidenciaron que la versión de los policías era falsa. El joven nunca portó ni usó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar”.
En la mañana de este martes un juez penal del circuito de Cartagena condenó a Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado; a Olivo de Ávila a 13 años y 6 meses de prisión por el delito de favorecimiento agravado; y a Gómez Ricard a 14 años de prisión por el delito de favorecimiento agravado y falsedad ideológica de documento público.
El asesinato del menor, que era talentoso para el fútbol y por el que un equipo extranjero pensaba hacer negocios, se encontraba en la ciudad debido a la pandemia. Decidió trabajar en el lavadero de motos cercano a su casa para ayudar a sus padres que se encontraban desempleados, precisamente por la pandemia.
Los policías llegaban al sitio y en varias ocasiones intimidaron al joven, lo que desencadenó un temor en él y que terminó en su muerte. Tras el crimen, la ciudadanía se volcó en acompañamiento y exigencia de justicia. El caso fue mediático y ocasionó una investigación que finaliza con esta condena. Los padres de la víctima nunca descansaron y crearon un movimiento de derechos humanos y contra el abuso policial.
Se desconoce si los expolicías, ya que ellos fueron retirados de la institución, se encuentran en estos momentos capturados. En agosto del 2022 se supo que estaban libres.