En un operativo que ha generado indignación y alivio en la comunidad de San Jacinto, Bolívar, las autoridades lograron la judicialización de un hombre de 38 años, señalado como el presunto responsable de someter a vejámenes sexuales a su propia hija de tan solo 12 años.
La decisión fue tomada por un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías, quien, atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado.
Los hechos que motivaron esta investigación habrían ocurrido de manera sistemática a lo largo del año 2024. Según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el hombre aprovechaba el entorno familiar y la vulnerabilidad de la noche para cometer los abusos.
Se presume que el agresor esperaba a que su pareja sentimental y sus otras hijas conciliaran el sueño para abordar a la menor en su propia vivienda.
Un patrón de amenazas y terror psicológico
La investigación de la Fiscalía reveló detalles perturbadores sobre el modus operandi del señalado agresor. Al parecer, el hombre no solo utilizaba la fuerza física, sino que implementaba tácticas de terror para silenciar a la víctima. Según los informes, el sujeto solía vendarle los ojos a la menor y taparle la boca para evitar que fuera identificada o escuchada por el resto de la familia.
Sumado a la agresión física, existía una fuerte presión psicológica. El procesado presuntamente amenazaba con asesinar a la madre de la joven y abusar sexualmente de sus otras hermanas si ella llegaba a confesar lo que ocurría o si intentaba oponerse a sus pretensiones.
Este entorno de miedo constante permitió que los abusos se prolongaran en el tiempo hasta que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
La captura se hizo efectiva el pasado viernes, 16 de enero, cuando unidades de la Policía Nacional interceptaron al individuo en un parque principal de San Jacinto, dando cumplimiento a una orden judicial. Durante las audiencias concentradas, el ente acusador le imputó el delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.
A pesar de la contundencia de los testimonios y las pruebas presentadas por los investigadores, el procesado negó su responsabilidad frente a los cargos.
No obstante, dada la gravedad de los hechos y el riesgo que representa para la seguridad de la victima y su núcleo familiar, el juez determinó que deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad en un establecimiento penitenciario.