Un juez de conocimiento condenó a 42 años y 6 meses de prisión a Camilo Andrés Vergara Durango, hallado responsable del crimen de su pareja sentimental, una menor de 15 años, ocurrido en el municipio de Cimitarra, Santander. La sentencia se produjo tras valorar las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la responsabilidad del procesado en los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
De acuerdo con el ente acusador, la víctima murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una discusión motivada por celos, un conflicto que hacía parte de un patrón de violencia reiterada dentro de la relación. El hoy condenado, de 25 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente, a pesar de su condición de menor de edad.
Los hechos que dieron origen a esta condena ocurrieron el 15 de julio de 2022, al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Centro del municipio santandereano, donde se registró el fatal desenlace.
Crimen atroz
Según se estableció durante la investigación, en medio de la discusión Vergara Durango comenzó a intimidar a la menor con un arma de fuego.
Ante el temor por su vida, la adolescente logró alertar a un allegado, quien se trasladó hasta el inmueble con la intención de mediar y evitar una tragedia.
Sin embargo, los intentos de conciliación no dieron resultado. En un momento de la confrontación, el agresor desenfundó el arma y disparó directamente a la cabeza de la víctima, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.
La Fiscalía logró demostrar que la menor había sido sometida de forma constante a violencia física y psicológica, ejercida por su pareja sentimental debido a episodios de celos, lo que finalmente desencadenó el ataque mortal. Estos antecedentes fueron determinantes para que el juez calificara el caso como feminicidio agravado.
La decisión judicial corresponde a una sentencia de primera instancia, contra la cual proceden los recursos de ley, según lo establece el ordenamiento jurídico colombiano.